En medio del convulso clima político que atraviesa el país, el Gobierno ha decidido embarcarse en el salvataje financiero de Doe Run Perú, cuestionada empresa que en 1997 adquirió el complejo metalúrgico de La Oroya y cuyas actividades se encuentran hoy paralizadas en un 95%, poniendo en riesgo la seguridad de unos 12 mil trabajadores y, prácticamente, de toda la región Junín.
El rescate, sin embargo, no es tan sencillo por la historia de incumplimientos que arrastra esta industria con los trabajadores y sus familias, proveedores y sobre todo el medio ambiente. Estudios recientes señalan que La Oroya sigue entre las diez ciudades más contaminadas del mundo.
El Gobierno se halla, sin duda, ante un dilema: o salva a la empresa y evita la parálisis de Junín, o salva a la empresa y respalda sus consecutivas y malas prácticas organizativas, productivas, laborales y medioambientales.
Creemos que la solución exige cautelar los intereses del país y exigir que Doe Run cumpla una política de responsabilidad social empresarial que, en lo más urgente, la lleve a cumplir con la reducción de las emisiones tóxicas en La Oroya, una tarea que ha postergado hasta en tres ocasiones. La última postergación se cumple el 31 de octubre próximo, pero hasta el momento todo apunta a que solicitaría otra modificación.
El año pasado voceros de la empresa aseguraron a El Comercio que desde enero del 2007 no contaminaba el río Mantaro y que sus descargas de efluentes cumplían con los estándares requeridos para las aguas de uso agrícola. Recalcaron que estaban reinvirtiendo sus utilidades y que no pagarían dividendos hasta después de que se completasen los proyectos PAMA (una inversión proyectada en unos 400 millones de dólares).
Pero la empresa no ha honrado esos compromisos a cabalidad ni solucionado la contaminación, de manera que la opinión pública tiene derecho a preguntar por qué ahora sí se comportará como una organización moderna que desarrolla modelos de gestión que van más allá de la maximización de sus resultados.
La transnacional Doe Run, de propiedad del millonario Ira Rennert, no tiene un buen historial ni una buena imagen, debido a las infracciones que ha cometido y que denigran la inversión en el sector. Cuando se separó de su subsidiaria Doe Run Perú en el 2007, no resolvió sus desbalances contables.
Por esto, antes de aprobar un plan de salvataje, el Gobierno tiene que medir las fortalezas y debilidades de Doe Run, y repensar el futuro de La Oroya en el corto, mediano y largo plazos. La población no puede seguir inmersa en el círculo vicioso actual, por el cual de un lado vive del trabajo que ofrece el complejo metalúrgico, y por otro lado, cada día ve mermada su calidad de vida por la contaminación ambiental.
Una salida inteligente pasa por no apresurarse y sopesar lo que está en juego, máxime cuando la transnacional ha incurrido en prácticas similares en otros países, a la espera de que los gobiernos involucrados acudan en su salvataje, sin haberlo logrado. Por lo pronto, como ha trascendido, cualquier medida que se adopte deberá relacionarse rigurosamente con el cumplimiento del compromiso ambiental.
el comercio
El rescate, sin embargo, no es tan sencillo por la historia de incumplimientos que arrastra esta industria con los trabajadores y sus familias, proveedores y sobre todo el medio ambiente. Estudios recientes señalan que La Oroya sigue entre las diez ciudades más contaminadas del mundo.
El Gobierno se halla, sin duda, ante un dilema: o salva a la empresa y evita la parálisis de Junín, o salva a la empresa y respalda sus consecutivas y malas prácticas organizativas, productivas, laborales y medioambientales.
Creemos que la solución exige cautelar los intereses del país y exigir que Doe Run cumpla una política de responsabilidad social empresarial que, en lo más urgente, la lleve a cumplir con la reducción de las emisiones tóxicas en La Oroya, una tarea que ha postergado hasta en tres ocasiones. La última postergación se cumple el 31 de octubre próximo, pero hasta el momento todo apunta a que solicitaría otra modificación.
El año pasado voceros de la empresa aseguraron a El Comercio que desde enero del 2007 no contaminaba el río Mantaro y que sus descargas de efluentes cumplían con los estándares requeridos para las aguas de uso agrícola. Recalcaron que estaban reinvirtiendo sus utilidades y que no pagarían dividendos hasta después de que se completasen los proyectos PAMA (una inversión proyectada en unos 400 millones de dólares).
Pero la empresa no ha honrado esos compromisos a cabalidad ni solucionado la contaminación, de manera que la opinión pública tiene derecho a preguntar por qué ahora sí se comportará como una organización moderna que desarrolla modelos de gestión que van más allá de la maximización de sus resultados.
La transnacional Doe Run, de propiedad del millonario Ira Rennert, no tiene un buen historial ni una buena imagen, debido a las infracciones que ha cometido y que denigran la inversión en el sector. Cuando se separó de su subsidiaria Doe Run Perú en el 2007, no resolvió sus desbalances contables.
Por esto, antes de aprobar un plan de salvataje, el Gobierno tiene que medir las fortalezas y debilidades de Doe Run, y repensar el futuro de La Oroya en el corto, mediano y largo plazos. La población no puede seguir inmersa en el círculo vicioso actual, por el cual de un lado vive del trabajo que ofrece el complejo metalúrgico, y por otro lado, cada día ve mermada su calidad de vida por la contaminación ambiental.
Una salida inteligente pasa por no apresurarse y sopesar lo que está en juego, máxime cuando la transnacional ha incurrido en prácticas similares en otros países, a la espera de que los gobiernos involucrados acudan en su salvataje, sin haberlo logrado. Por lo pronto, como ha trascendido, cualquier medida que se adopte deberá relacionarse rigurosamente con el cumplimiento del compromiso ambiental.
el comercio
No hay comentarios:
Publicar un comentario