Nuevamente debemos referirnos al polémico tratamiento que el Poder Judicial y, puntualmente, la jueza María Martínez Gutiérrez del Juzgado Penal 34 de Lima están dando al caso del “chuponeo” de las comunicaciones que involucra a la empresa Business Track (BTR). Y es que pese a la gravedad de los delitos que están siendo investigados, la magistrada —que ha sido eximida de mayores cargas procesales— recién el 6 de abril iniciará el análisis pericial de los audios y documentos que fueron incautados. No olvidemos que el escándalo estalló en octubre del año pasado, hace seis meses, sin que hasta la fecha se perciban avances.
Las suspicacias son, pues, explicables. En principio, ayer se venció el plazo de 60 días que tenía la jueza para realizar sus investigaciones. Ciertamente ha dispuesto, de oficio, una ampliación de 30 días, pero cabe preguntarse si en un mes hará lo que no ha hecho en dos. Además de visualizar el material incautado, tiene que programar nuevas diligencias con los implicados para llegar a los que contrataban los servicios de BTR.
No queremos caer en comparaciones odiosas, pero el Ministerio Público fue mucho más expeditivo en este caso. El 8 de enero ordenó la detención de seis directivos de la mencionada empresa y el 23 de enero presentó la denuncia correspondiente. Finalmente, el 15 de febrero la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, anunció que en el lapso de dos meses y medio, o sea a fines de abril, podrían concluir con la revisión de todo lo incautado; por ello, solicitó una ampliación, pues solo se había llegado al 15%.
¿Qué pasó después? Martínez Gutiérrez no atendió el pedido del Ministerio Público, pese a que primero le permitió realizar el levantamiento de la información, y luego revocó esa autorización a pedido de la defensa de Giselle Giannotti, una de las implicadas. Lo peor, sin embargo, es que haya anulado todo lo que el fiscal Walter Milla había adelantado, decisión que ha sido apelada por el Ministerio Público, ante las irregularidades en que habría incurrido. Por ejemplo, resolvió el pedido de anulación, presentado por los abogados de Carlos Tomasio, otro de los implicados, cuando ese punto no estaba previsto en la agenda de la diligencia del lunes último que, por lo demás, se frustró por falta de peritos. Tampoco se tomó en consideración que está pendiente la apelación que sustentó la fiscalía contra la resolución judicial que le prohibió seguir investigando el “chuponeo”.
Obviamente, la defensa de los implicados ha saludado la decisión del trigésimo cuarto juzgado. Pero es grave que, como ha denunciado la fiscalía, no haya atendido sus reparos.
Nos preguntamos, por eso, si María Martínez está capacitada para asumir tan delicada tarea. Si necesita recursos para su trabajo, debería solicitarlos; y si sufre presiones de algún tipo tendría que denunciarlos o eximirse de seguir adelante.
Lo cierto es que si el Ministerio Público hubiera continuado con sus pesquisas, a fines de abril podría haber concluido, en la misma fecha del Poder Judicial. La diferencia es que uno tenía resultados que exhibir, el otro muestra un avance mínimo.
EL COMERCIO
Las suspicacias son, pues, explicables. En principio, ayer se venció el plazo de 60 días que tenía la jueza para realizar sus investigaciones. Ciertamente ha dispuesto, de oficio, una ampliación de 30 días, pero cabe preguntarse si en un mes hará lo que no ha hecho en dos. Además de visualizar el material incautado, tiene que programar nuevas diligencias con los implicados para llegar a los que contrataban los servicios de BTR.
No queremos caer en comparaciones odiosas, pero el Ministerio Público fue mucho más expeditivo en este caso. El 8 de enero ordenó la detención de seis directivos de la mencionada empresa y el 23 de enero presentó la denuncia correspondiente. Finalmente, el 15 de febrero la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, anunció que en el lapso de dos meses y medio, o sea a fines de abril, podrían concluir con la revisión de todo lo incautado; por ello, solicitó una ampliación, pues solo se había llegado al 15%.
¿Qué pasó después? Martínez Gutiérrez no atendió el pedido del Ministerio Público, pese a que primero le permitió realizar el levantamiento de la información, y luego revocó esa autorización a pedido de la defensa de Giselle Giannotti, una de las implicadas. Lo peor, sin embargo, es que haya anulado todo lo que el fiscal Walter Milla había adelantado, decisión que ha sido apelada por el Ministerio Público, ante las irregularidades en que habría incurrido. Por ejemplo, resolvió el pedido de anulación, presentado por los abogados de Carlos Tomasio, otro de los implicados, cuando ese punto no estaba previsto en la agenda de la diligencia del lunes último que, por lo demás, se frustró por falta de peritos. Tampoco se tomó en consideración que está pendiente la apelación que sustentó la fiscalía contra la resolución judicial que le prohibió seguir investigando el “chuponeo”.
Obviamente, la defensa de los implicados ha saludado la decisión del trigésimo cuarto juzgado. Pero es grave que, como ha denunciado la fiscalía, no haya atendido sus reparos.
Nos preguntamos, por eso, si María Martínez está capacitada para asumir tan delicada tarea. Si necesita recursos para su trabajo, debería solicitarlos; y si sufre presiones de algún tipo tendría que denunciarlos o eximirse de seguir adelante.
Lo cierto es que si el Ministerio Público hubiera continuado con sus pesquisas, a fines de abril podría haber concluido, en la misma fecha del Poder Judicial. La diferencia es que uno tenía resultados que exhibir, el otro muestra un avance mínimo.
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