Las comisiones investigadoras congresales de un tiempo a esta parte han venido perdiendo credibilidad y seriedad. Pensemos en cuántos grupos parlamentarios, designados para hacer pesquisas sobre diversos casos, han acabado tantas veces sin encontrar responsables cuando no durmiendo –sus conclusiones– el sueño de los justos.
Comisiones las ha habido de todo tipo, con muchos o pocos integrantes; las hay conformadas por representantes de los principales partidos o micromovimientos que en rigor son apenas rótulos o clisés. Pero casi siempre el común denominador es que las comisiones incumplieron su cometido.
Ahora vayamos al caso de la llamada comisión investigadora Abugattás (conformada por los congresistas Carlos Raffo, Édgard Reymundo, entre otros), cuyo propósito es pronunciarse sobre los “petroaudios” protagonizados por Rómulo León Alegría, Alberto Quimper y Ernesto Arias Schreiber, diálogos en los cuales supuestamente se da cuenta del éxito en la buena pro de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum International. Sin embargo, como los protagonistas de esos audios ya están procesados ante el Poder Judicial, debería primar el principio de separación de poderes. La ley establece que los juzgados del país son los que tienen exclusividad para realizar las instrucciones penales y, en su momento, los juicios orales que permitirán castigar a quienes resulten responsables. De modo que huelga que el Congreso mantenga una comisión investigadora sobre el mismo caso, donde los involucrados son las mismas personas que procesa el Poder Judicial. Más aún si la actitud de algunos parlamentarios tiende a enervar la reserva procesal.
En puridad, lo que correspondería en este caso es que se deje trabajar a la Judicatura, suprimiendo el protagonismo de la referida comisión. Con mayor razón cuando algunos de sus miembros buscan interferencias políticas, como suele ocurrir cuando adelantan opinión, restándole majestad, objetividad, prestancia y confiabilidad a la investigación que deberían realizar con prudencia y reserva. Es evidente que los integrantes de futuras comisiones investigadoras del Legislativo necesitan tomar nota de este caso, para que entiendan lo inconveniente que resulta el comportamiento errado aunque sea de uno de sus miembros.
Nos referimos a la visita privada del congresista Carlos Raffo al procesado Rómulo León Alegría en el penal de Reos Primarios (ex San Jorge). Además hay que recordar que el citado legislador primero negó la reunión. Y fue recién ante las evidencias que mostró nuestro diario que reconoció haber conversado “solo 20 minutos”, otra falacia pues lo hizo por espacio de una hora. Esta mentira en todo caso no ha sido solo cínica –respecto del presidente y sus colegas de la comisión que investiga los petroaudios– sino también ante la prensa y frente al país. Entonces, con este tipo de sombras, manoseos y subjetivismos dentro de una comisión supuestamente fiscalizadora, ¿acaso puede el Congreso seguir adelante con la investigación? A la luz del respeto a la especialización de poderes, mejor sería dejar al PJ que cumpla su función de manera imparcial y sin interferencias.
Comisiones las ha habido de todo tipo, con muchos o pocos integrantes; las hay conformadas por representantes de los principales partidos o micromovimientos que en rigor son apenas rótulos o clisés. Pero casi siempre el común denominador es que las comisiones incumplieron su cometido.
Ahora vayamos al caso de la llamada comisión investigadora Abugattás (conformada por los congresistas Carlos Raffo, Édgard Reymundo, entre otros), cuyo propósito es pronunciarse sobre los “petroaudios” protagonizados por Rómulo León Alegría, Alberto Quimper y Ernesto Arias Schreiber, diálogos en los cuales supuestamente se da cuenta del éxito en la buena pro de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum International. Sin embargo, como los protagonistas de esos audios ya están procesados ante el Poder Judicial, debería primar el principio de separación de poderes. La ley establece que los juzgados del país son los que tienen exclusividad para realizar las instrucciones penales y, en su momento, los juicios orales que permitirán castigar a quienes resulten responsables. De modo que huelga que el Congreso mantenga una comisión investigadora sobre el mismo caso, donde los involucrados son las mismas personas que procesa el Poder Judicial. Más aún si la actitud de algunos parlamentarios tiende a enervar la reserva procesal.
En puridad, lo que correspondería en este caso es que se deje trabajar a la Judicatura, suprimiendo el protagonismo de la referida comisión. Con mayor razón cuando algunos de sus miembros buscan interferencias políticas, como suele ocurrir cuando adelantan opinión, restándole majestad, objetividad, prestancia y confiabilidad a la investigación que deberían realizar con prudencia y reserva. Es evidente que los integrantes de futuras comisiones investigadoras del Legislativo necesitan tomar nota de este caso, para que entiendan lo inconveniente que resulta el comportamiento errado aunque sea de uno de sus miembros.
Nos referimos a la visita privada del congresista Carlos Raffo al procesado Rómulo León Alegría en el penal de Reos Primarios (ex San Jorge). Además hay que recordar que el citado legislador primero negó la reunión. Y fue recién ante las evidencias que mostró nuestro diario que reconoció haber conversado “solo 20 minutos”, otra falacia pues lo hizo por espacio de una hora. Esta mentira en todo caso no ha sido solo cínica –respecto del presidente y sus colegas de la comisión que investiga los petroaudios– sino también ante la prensa y frente al país. Entonces, con este tipo de sombras, manoseos y subjetivismos dentro de una comisión supuestamente fiscalizadora, ¿acaso puede el Congreso seguir adelante con la investigación? A la luz del respeto a la especialización de poderes, mejor sería dejar al PJ que cumpla su función de manera imparcial y sin interferencias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario