Si el Ministerio Público, el Poder Judicial o la policía tenían alguna duda sobre el crimen ecológico que se perpetra en las inmediaciones de la Reserva Nacional de Paracas, deben revisar el informe que publica hoy nuestro Diario y que aporta indicios sobre la ilegal extracción de peces con dinamita que, sospechosamente, ninguna autoridad quiere frenar.
Si los periodistas de El Comercio localizaron a estos criminales, habrá que preguntarse por qué no la autoridad. ¿A quién se quiere proteger? ¿Cuáles son los intereses que realmente se esconden tras el grupo de inescrupulosos que, entre otros delitos, sustrae explosivos que deben ir a los asentamientos mineros informales de diversas provincias del país, los comercializan ilegalmente y finalmente los emplean para desarrollar una pesca que está tipificada penalmente, porque vulnera las diferentes especies de nuestra frágil flora y fauna oceánica?
Los llamados “dinamiteros” son, pues, delincuentes, así de simple y sin eufemismos. No son pescadores artesanales que no saben lo que hacen, como a veces aducen para eludir las sanciones en su contra. Tampoco pueden alegar que lo suyo es “una forma de pesca permitida”, porque de otra manera no destruirían parte del ecosistema. No nos engañemos: lejos de respetar criterios mínimos de selección, estos sujetos cuando “pescan” matan indistintamente y contaminan a los peces que logran capturar, así como al resto de especies, desde crustáceos hasta lobos y delfines, y alteran totalmente el ciclo biológico.
Por eso, resulta inexplicable que la PNP no intensifique una eficiente campaña para acabar con esta mafia, cuyo paradero es conocido. Solo en San Andrés hay por lo menos siete inmuebles donde se venden cartuchos de dinamita ilegalmente. ¿Dónde están los servicios de inteligencia de la PNP y su Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), responsable de incautar estos materiales?
La denuncia es grave y reiterada, por lo que se exige un pronunciamiento abierto del Ministerio del Interior. Resulta inconcebible que explosivos de esta naturaleza circulen indiscriminadamente. Recordemos que en el pasado reciente tal falta de control solo benefició al terrorismo y al narcotráfico.
En cuanto al Poder Judicial, es una lástima que tampoco funcione en este caso. Su descrédito actual (72% lo desaprueba, según las encuestas) aumentará si no aplica el peso de la ley en casos como este. Solo la semana pasada liberó a tres sujetos sorprendidos in fraganti en la ilícita captura con explosivos. De nada sirvieron los análisis de Digesa, que hallaron que los 200 kilos de pescado incautados habían sido capturados con dinamita.
El Ministerio Público debe subsanar ese error, aunque ya se ha perdido un tiempo valioso. Lo más grave es que a pesar de las pruebas y lo descarado del delito, hasta ahora no haya culpables tras las rejas. Estamos hablando de un delito que no se restringe a las caletas iqueñas, por lo que el Ministerio de la Producción también tendría que actuar de oficio e imponer su autoridad.
Es una vergüenza que, como sucedió con la depredación de toneladas de algas marinas en Ica y Marcona, la autoridad no valore lo mucho que se pierde con estos crímenes ecológicos.
el comercio
Si los periodistas de El Comercio localizaron a estos criminales, habrá que preguntarse por qué no la autoridad. ¿A quién se quiere proteger? ¿Cuáles son los intereses que realmente se esconden tras el grupo de inescrupulosos que, entre otros delitos, sustrae explosivos que deben ir a los asentamientos mineros informales de diversas provincias del país, los comercializan ilegalmente y finalmente los emplean para desarrollar una pesca que está tipificada penalmente, porque vulnera las diferentes especies de nuestra frágil flora y fauna oceánica?
Los llamados “dinamiteros” son, pues, delincuentes, así de simple y sin eufemismos. No son pescadores artesanales que no saben lo que hacen, como a veces aducen para eludir las sanciones en su contra. Tampoco pueden alegar que lo suyo es “una forma de pesca permitida”, porque de otra manera no destruirían parte del ecosistema. No nos engañemos: lejos de respetar criterios mínimos de selección, estos sujetos cuando “pescan” matan indistintamente y contaminan a los peces que logran capturar, así como al resto de especies, desde crustáceos hasta lobos y delfines, y alteran totalmente el ciclo biológico.
Por eso, resulta inexplicable que la PNP no intensifique una eficiente campaña para acabar con esta mafia, cuyo paradero es conocido. Solo en San Andrés hay por lo menos siete inmuebles donde se venden cartuchos de dinamita ilegalmente. ¿Dónde están los servicios de inteligencia de la PNP y su Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), responsable de incautar estos materiales?
La denuncia es grave y reiterada, por lo que se exige un pronunciamiento abierto del Ministerio del Interior. Resulta inconcebible que explosivos de esta naturaleza circulen indiscriminadamente. Recordemos que en el pasado reciente tal falta de control solo benefició al terrorismo y al narcotráfico.
En cuanto al Poder Judicial, es una lástima que tampoco funcione en este caso. Su descrédito actual (72% lo desaprueba, según las encuestas) aumentará si no aplica el peso de la ley en casos como este. Solo la semana pasada liberó a tres sujetos sorprendidos in fraganti en la ilícita captura con explosivos. De nada sirvieron los análisis de Digesa, que hallaron que los 200 kilos de pescado incautados habían sido capturados con dinamita.
El Ministerio Público debe subsanar ese error, aunque ya se ha perdido un tiempo valioso. Lo más grave es que a pesar de las pruebas y lo descarado del delito, hasta ahora no haya culpables tras las rejas. Estamos hablando de un delito que no se restringe a las caletas iqueñas, por lo que el Ministerio de la Producción también tendría que actuar de oficio e imponer su autoridad.
Es una vergüenza que, como sucedió con la depredación de toneladas de algas marinas en Ica y Marcona, la autoridad no valore lo mucho que se pierde con estos crímenes ecológicos.
el comercio
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