Reiteradamente hemos advertido sobre la inseguridad y los daños a la vida y la salud que causa, con enervante impunidad, el caótico tránsito en Lima y todo el país. A ello se agregan hoy cifras estremecedoras de un informe sobre el costo económico de este problema: ¡Más de 6 mil millones de dólares anuales!, es decir más del doble de las inversiones mineras y un 80% de las exportaciones no tradicionales.
Tal situación no puede continuar. Habrá que pensar no solo en cuánto combustible se desperdicia, sino también en los millones de horas-hombre perdidas y en las operaciones económicas afectadas o frustradas debido al insufrible tránsito, lo que tiene un impacto directo en el Producto Bruto Interno (PBI). A ello se suma el maltrato y la afectación de la dignidad ciudadana y la calidad de vida que todo esto trae consigo, lo que se ve exacerbado por la construcción de obras en toda la capital.
El estudio técnico “Antídotos para la congestión y la inseguridad en el tránsito”, de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, Asociación de Representantes Automotrices, Universidad de Lima, Jockey Plaza, Telefónica y Toyota, no se queda solo en el diagnóstico sino que apunta a varias soluciones.
Como telón de fondo hay aquí una crisis de autoridad que tiene que ser superada. Las municipalidades, el Ministerio de Transportes y los gobiernos regionales reclaman competencias en el tema, pero finalmente las responsabilidades se dispersan, confunden y diluyen, con lo cual las cosas siguen igual o peor.
¿Qué hacer? El estudio propone crear una entidad autónoma para el tránsito, que se encargue de normar, supervisar y sancionar con eficiencia. Esto suena bien en teoría, pero en la práctica demandaría una serie de cambios y hasta reformas constitucionales, pues se trata de algo más que un organismo regulador.
Efectivamente, no solo se trata de planificar obras viales, sino también de evaluar el sistema de rutas y normas, convocar nuevas licitaciones, manejar las revisiones técnicas, promover el recambio de unidades de transporte, coordinar con la Policía Nacional y dar prioridad a la semaforización.
Hay que devolver coherencia al tránsito, además de promover una cultura de respeto al orden. Sin el compromiso de los transportistas, choferes, usuarios y ciudadanos de a pie nada será posible: así como tenemos que saber exigir nuestros derechos, debemos respetar a los demás.
El diagnóstico está dado y también algunas alternativas de solución. Hace falta ahora que las principales autoridades del Gobierno Central, los concejos provinciales y los gobiernos regionales evalúen seriamente el proyecto y su eventual aplicación, en lo que las empresas se han comprometido a prestar su apoyo.
Es tiempo de dar una radical vuelta de timón al caos del tránsito con una autoridad centralizada que funcione. Así lo exige la dignidad de los peruanos y también las expectativas de desarrollo económico, que son trabadas por ese pesado lastre.
Tal situación no puede continuar. Habrá que pensar no solo en cuánto combustible se desperdicia, sino también en los millones de horas-hombre perdidas y en las operaciones económicas afectadas o frustradas debido al insufrible tránsito, lo que tiene un impacto directo en el Producto Bruto Interno (PBI). A ello se suma el maltrato y la afectación de la dignidad ciudadana y la calidad de vida que todo esto trae consigo, lo que se ve exacerbado por la construcción de obras en toda la capital.
El estudio técnico “Antídotos para la congestión y la inseguridad en el tránsito”, de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, Asociación de Representantes Automotrices, Universidad de Lima, Jockey Plaza, Telefónica y Toyota, no se queda solo en el diagnóstico sino que apunta a varias soluciones.
Como telón de fondo hay aquí una crisis de autoridad que tiene que ser superada. Las municipalidades, el Ministerio de Transportes y los gobiernos regionales reclaman competencias en el tema, pero finalmente las responsabilidades se dispersan, confunden y diluyen, con lo cual las cosas siguen igual o peor.
¿Qué hacer? El estudio propone crear una entidad autónoma para el tránsito, que se encargue de normar, supervisar y sancionar con eficiencia. Esto suena bien en teoría, pero en la práctica demandaría una serie de cambios y hasta reformas constitucionales, pues se trata de algo más que un organismo regulador.
Efectivamente, no solo se trata de planificar obras viales, sino también de evaluar el sistema de rutas y normas, convocar nuevas licitaciones, manejar las revisiones técnicas, promover el recambio de unidades de transporte, coordinar con la Policía Nacional y dar prioridad a la semaforización.
Hay que devolver coherencia al tránsito, además de promover una cultura de respeto al orden. Sin el compromiso de los transportistas, choferes, usuarios y ciudadanos de a pie nada será posible: así como tenemos que saber exigir nuestros derechos, debemos respetar a los demás.
El diagnóstico está dado y también algunas alternativas de solución. Hace falta ahora que las principales autoridades del Gobierno Central, los concejos provinciales y los gobiernos regionales evalúen seriamente el proyecto y su eventual aplicación, en lo que las empresas se han comprometido a prestar su apoyo.
Es tiempo de dar una radical vuelta de timón al caos del tránsito con una autoridad centralizada que funcione. Así lo exige la dignidad de los peruanos y también las expectativas de desarrollo económico, que son trabadas por ese pesado lastre.
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