A propósito de la extraña sustracción de expedientes judiciales, perpetrada la semana pasada en el piso 17 de la Corte Superior de Justicia de Lima, la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Elcira Vásquez, ha hecho una denuncia sumamente grave.
Y es que no solo da cuenta de la negligencia con que las autoridades judiciales han afrontado este problema, sino que ha puesto en evidencia la peligrosa vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de la administración pública, donde hoy se pierden documentos con una facilidad verdaderamente sorprendente.
Con respecto a lo sucedido en la Corte Superior de Justicia de Lima hubo demora para denunciar el robo de expedientes y, además, de manera inexacta, se dijo que ocurrió el viernes 6 de marzo, cuando en realidad sucedió dos o tres días antes.
Tal suerte de inexactitudes es sospechosa y ello se suma al resto de incoherencias en que se ha movido este caso que, como se ha comprobado, ni siquiera se denunció ante las comisarías del Cercado ni ante la fiscalía. Asimismo, resulta contradictorio que mientras la Corte Superior de Lima dice que sí desaparecieron documentos, la Presidencia del Poder Judicial asegure que solo hubo manipulación. Al parecer, se subestima a la opinión pública negando un robo que incluso cuenta con testigos.
¿Qué se pretende ocultar? ¿Por qué las autoridades no han sabido explicar hasta ahora cuántos expedientes han desaparecido y de qué tipo eran? ¿Cómo es posible que el Poder Judicial no disponga de mecanismos de seguridad confiables para cautelar la memoria documental que maneja?
Cuidado. El relajamiento de estos sistemas solo favorece a la delincuencia que, con afanes de espionaje u otros objetivos turbios, tiene el campo abierto para hacer lo que quiera de la mano de funcionarios corruptos. Lo hemos comprobado recientemente con la desaparición de 833 cajas de archivos extraídos del Ministerio de Salud, otro incidente vergonzoso que sigue impune. Tampoco aquí ninguna autoridad se ha dado el trabajo de explicar qué se perdió, por qué había interés en desaparecer esa información y quiénes se verían beneficiados.
La calamitosa administración de los documentos que genera el aparato estatal es un mal endémico en el Perú. Recordemos el escandaloso robo de expedientes en el Poder Judicial perpetrado durante el fujimorato o las sustracciones en el Archivo General de la Nación y en la cancillería en el 2006, que fatalmente nunca fueron esclarecidos. ¡Quién sabe cuántos más han sido violentados o saqueados de espaldas al país!
La conservación de archivos deja mucho que desear, algo que se puede comprobar cuando los ciudadanos los solicitan a las entidades estatales, al amparo de la ley de acceso a la información pública. Si no han sido preservados, han desaparecido. Es el caso de Essalud, por ejemplo, entidad que ha perdido gran parte de las boletas de pago de los asegurados que hoy no tienen cómo probar sus aportaciones a la seguridad social. Salvo el salvataje del Archivo General de Nación, que se emprendió en el 2005, nada más se ha hecho por conservar bienes documentales invalorables que incluso deberían ser intangibles.
El Gobierno no puede seguir impasible ante esta coladera.
Y es que no solo da cuenta de la negligencia con que las autoridades judiciales han afrontado este problema, sino que ha puesto en evidencia la peligrosa vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de la administración pública, donde hoy se pierden documentos con una facilidad verdaderamente sorprendente.
Con respecto a lo sucedido en la Corte Superior de Justicia de Lima hubo demora para denunciar el robo de expedientes y, además, de manera inexacta, se dijo que ocurrió el viernes 6 de marzo, cuando en realidad sucedió dos o tres días antes.
Tal suerte de inexactitudes es sospechosa y ello se suma al resto de incoherencias en que se ha movido este caso que, como se ha comprobado, ni siquiera se denunció ante las comisarías del Cercado ni ante la fiscalía. Asimismo, resulta contradictorio que mientras la Corte Superior de Lima dice que sí desaparecieron documentos, la Presidencia del Poder Judicial asegure que solo hubo manipulación. Al parecer, se subestima a la opinión pública negando un robo que incluso cuenta con testigos.
¿Qué se pretende ocultar? ¿Por qué las autoridades no han sabido explicar hasta ahora cuántos expedientes han desaparecido y de qué tipo eran? ¿Cómo es posible que el Poder Judicial no disponga de mecanismos de seguridad confiables para cautelar la memoria documental que maneja?
Cuidado. El relajamiento de estos sistemas solo favorece a la delincuencia que, con afanes de espionaje u otros objetivos turbios, tiene el campo abierto para hacer lo que quiera de la mano de funcionarios corruptos. Lo hemos comprobado recientemente con la desaparición de 833 cajas de archivos extraídos del Ministerio de Salud, otro incidente vergonzoso que sigue impune. Tampoco aquí ninguna autoridad se ha dado el trabajo de explicar qué se perdió, por qué había interés en desaparecer esa información y quiénes se verían beneficiados.
La calamitosa administración de los documentos que genera el aparato estatal es un mal endémico en el Perú. Recordemos el escandaloso robo de expedientes en el Poder Judicial perpetrado durante el fujimorato o las sustracciones en el Archivo General de la Nación y en la cancillería en el 2006, que fatalmente nunca fueron esclarecidos. ¡Quién sabe cuántos más han sido violentados o saqueados de espaldas al país!
La conservación de archivos deja mucho que desear, algo que se puede comprobar cuando los ciudadanos los solicitan a las entidades estatales, al amparo de la ley de acceso a la información pública. Si no han sido preservados, han desaparecido. Es el caso de Essalud, por ejemplo, entidad que ha perdido gran parte de las boletas de pago de los asegurados que hoy no tienen cómo probar sus aportaciones a la seguridad social. Salvo el salvataje del Archivo General de Nación, que se emprendió en el 2005, nada más se ha hecho por conservar bienes documentales invalorables que incluso deberían ser intangibles.
El Gobierno no puede seguir impasible ante esta coladera.
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