Evidentemente, nadie puede oponerse a la lucha contra la evasión tributaria ni tampoco a la aplicación de medidas orientadas a aumentar la recaudación fiscal, como las que esta semana ha propuesto la Sunat. Lo que preocupa es que el Estado siga sin abordar el gran problema de fondo de la política tributaria, es decir, la ampliación de la base de contribuyentes.
La atingencia es necesaria ante la reciente propuesta lanzada por la superintendencia para aplicar retenciones del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las transacciones comerciales con tarjetas de crédito y débito; una medida en principio efectiva para el organismo recaudador porque le permitiría ingresar a un sector importante de la economía y en el cual, según ha informado, ha detectado índices de evasión de hasta 91%.
No obstante, habría que preguntarse si la Sunat no está perdiendo el horizonte al proponer mecanismos de control que, en realidad, no contribuirían a erradicar la informalidad a fin de que todos los peruanos cumplan con sus obligaciones fiscales.
En este caso, por ejemplo, se prevé evaluar la tributación de los establecimientos comerciales, pero no se explica en qué otros sectores se podrían usar las retenciones para asegurar el pago del IGV. En segundo lugar, tampoco se informa qué acciones se tomarían si la medida desincentiva la formalización. Y es que muchos comercios podrían alentar el pago en efectivo —ofreciendo descuentos o negándose a aceptar tarjetas— para eludir el control.
Con ello no solo aumentaría el riesgo de la evasión, sino que el uso propiamente dicho de las tarjetas de crédito se vería mermado. Sectores bancarios tienen razón cuando expresan que el uso del dinero plástico está ampliamente extendido e incentiva la formalización del comercio y la bancarización, en la medida que asegura la participación de agentes económicos reconocidos como contribuyentes activos.
Recordemos, además, que en los años de la mayor hiperinflación que vivió el país y el Gobierno gravó el uso de cheques, los peruanos simplemente dejaron de emplearlos. ¿Queremos que pase lo mismo con las tarjetas de crédito?
Finalmente, bien vale preguntarse si en la coyuntura de crisis económica mundial, cuando lo que se necesita es fomentar el consumo, resulta oportuno poner restricciones que de alguna manera pueden condicionar el uso de uno de los principales instrumentos empleados en las transacciones comerciales.
La revisión de la política y estructura tributarias es una tarea pendiente del actual Gobierno, que no implica crear más cargas para los contribuyentes honestos que cumplen con sus obligaciones, incluyendo el polémico Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que de temporal pasó a ser permanente. Esta tarea pendiente debe cimentarse en la ampliación de la base tributaria que es la única vía para aumentar la recaudación.
La atingencia es necesaria ante la reciente propuesta lanzada por la superintendencia para aplicar retenciones del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las transacciones comerciales con tarjetas de crédito y débito; una medida en principio efectiva para el organismo recaudador porque le permitiría ingresar a un sector importante de la economía y en el cual, según ha informado, ha detectado índices de evasión de hasta 91%.
No obstante, habría que preguntarse si la Sunat no está perdiendo el horizonte al proponer mecanismos de control que, en realidad, no contribuirían a erradicar la informalidad a fin de que todos los peruanos cumplan con sus obligaciones fiscales.
En este caso, por ejemplo, se prevé evaluar la tributación de los establecimientos comerciales, pero no se explica en qué otros sectores se podrían usar las retenciones para asegurar el pago del IGV. En segundo lugar, tampoco se informa qué acciones se tomarían si la medida desincentiva la formalización. Y es que muchos comercios podrían alentar el pago en efectivo —ofreciendo descuentos o negándose a aceptar tarjetas— para eludir el control.
Con ello no solo aumentaría el riesgo de la evasión, sino que el uso propiamente dicho de las tarjetas de crédito se vería mermado. Sectores bancarios tienen razón cuando expresan que el uso del dinero plástico está ampliamente extendido e incentiva la formalización del comercio y la bancarización, en la medida que asegura la participación de agentes económicos reconocidos como contribuyentes activos.
Recordemos, además, que en los años de la mayor hiperinflación que vivió el país y el Gobierno gravó el uso de cheques, los peruanos simplemente dejaron de emplearlos. ¿Queremos que pase lo mismo con las tarjetas de crédito?
Finalmente, bien vale preguntarse si en la coyuntura de crisis económica mundial, cuando lo que se necesita es fomentar el consumo, resulta oportuno poner restricciones que de alguna manera pueden condicionar el uso de uno de los principales instrumentos empleados en las transacciones comerciales.
La revisión de la política y estructura tributarias es una tarea pendiente del actual Gobierno, que no implica crear más cargas para los contribuyentes honestos que cumplen con sus obligaciones, incluyendo el polémico Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que de temporal pasó a ser permanente. Esta tarea pendiente debe cimentarse en la ampliación de la base tributaria que es la única vía para aumentar la recaudación.
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