El hecho de que en Lima sigan funcionando antros del delito, como San Jacinto, pone en evidencia no solo el alto grado de inseguridad que vive la capital, sino la permisividad y lenidad sospechosa con que las diferentes autoridades involucradas enfrentan este problema.
Siempre serán bienvenidas las incursiones policiales, como las que ha realizado el Ministerio del Interior recientemente, para periódicamente incautar todo los objetos robados que se siguen comercializando en San Jacinto, Las Malvinas y Tacora; o para frenar la venta de medicinas adulteradas en los Barrios Altos, de los artículos piratas de El Hueco o la avenida Wilson, así como la falsificación de documentos en el jirón Azángaro y sus alrededores. ¡Qué decir del resto de actividades delictivas similares que se perpetran en otros distritos de la capital, a plena luz del día!
Sin embargo, lo que la ciudad necesita son medidas menos efectistas, como la desarticulación total de estas mafias, muchas de las cuales operan en pleno Centro de Lima. Y es que, siendo claros, hasta el momento no hay autoridad policial, municipal, gubernamental, fiscal o judicial que haya dado ese paso.
El Ministerio del Interior ha presentado un proyecto de ley para endurecer las sanciones por hurto agravado de vehículos y accesorios (primer eslabón de la cadena) y por receptación, es decir, por ocultar o encubrir a delincuentes o bienes robados. No obstante, cabe recordar que lo que está pendiente es la legislación sobre la receptación agravada, que desde hace años el Congreso no ha querido actualizar. En el caso de San Jacinto, este delito sería el más fácil de combatir toda vez que están a la vista los establecimientos que se prestan (como receptadores) a comprar mercancía robada y a venderla a terceros. Es más, si estas tiendas no abrieran sus puertas, tampoco tendrían clientes. Sin oferta no hay demanda. Irónicamente, muchos de esos compradores son víctimas que fueron asaltadas y deben recuperar en San Jacinto las partes de sus autos. La ley tiene que contemplar este círculo y sancionar a vendedores y compradores por igual.
Ahora bien, la desarticulación del mercado negro exige otras medidas en paralelo. Las municipalidades no deben autorizar más licencias a establecimientos dudosos, y más bien empezar a retirar algunas que están vigentes. La Sunat tampoco tiene que estar tan callada frente a las tiendas de San Jacinto, Las Malvinas y otros reducidores, donde se ofertan productos sin emitir facturas o boletas. La PNP, a través de la Dirove y sobre todo de su servicio de inteligencia, podría dar con los cabecillas de esta mafia. Hasta ahora nadie ha sido enviado a la cárcel por vender vehículos robados. Estamos seguros de que el Ministerio Público y el Poder Judicial estarían listos a aplicar la ley de manera drástica.
Como se ve, el problema exige un tratamiento multisectorial, de lo contrario fluye la complicidad. La tolerancia cero es, pues, indispensable si se quiere erradicar tan delictivo comercio.
Siempre serán bienvenidas las incursiones policiales, como las que ha realizado el Ministerio del Interior recientemente, para periódicamente incautar todo los objetos robados que se siguen comercializando en San Jacinto, Las Malvinas y Tacora; o para frenar la venta de medicinas adulteradas en los Barrios Altos, de los artículos piratas de El Hueco o la avenida Wilson, así como la falsificación de documentos en el jirón Azángaro y sus alrededores. ¡Qué decir del resto de actividades delictivas similares que se perpetran en otros distritos de la capital, a plena luz del día!
Sin embargo, lo que la ciudad necesita son medidas menos efectistas, como la desarticulación total de estas mafias, muchas de las cuales operan en pleno Centro de Lima. Y es que, siendo claros, hasta el momento no hay autoridad policial, municipal, gubernamental, fiscal o judicial que haya dado ese paso.
El Ministerio del Interior ha presentado un proyecto de ley para endurecer las sanciones por hurto agravado de vehículos y accesorios (primer eslabón de la cadena) y por receptación, es decir, por ocultar o encubrir a delincuentes o bienes robados. No obstante, cabe recordar que lo que está pendiente es la legislación sobre la receptación agravada, que desde hace años el Congreso no ha querido actualizar. En el caso de San Jacinto, este delito sería el más fácil de combatir toda vez que están a la vista los establecimientos que se prestan (como receptadores) a comprar mercancía robada y a venderla a terceros. Es más, si estas tiendas no abrieran sus puertas, tampoco tendrían clientes. Sin oferta no hay demanda. Irónicamente, muchos de esos compradores son víctimas que fueron asaltadas y deben recuperar en San Jacinto las partes de sus autos. La ley tiene que contemplar este círculo y sancionar a vendedores y compradores por igual.
Ahora bien, la desarticulación del mercado negro exige otras medidas en paralelo. Las municipalidades no deben autorizar más licencias a establecimientos dudosos, y más bien empezar a retirar algunas que están vigentes. La Sunat tampoco tiene que estar tan callada frente a las tiendas de San Jacinto, Las Malvinas y otros reducidores, donde se ofertan productos sin emitir facturas o boletas. La PNP, a través de la Dirove y sobre todo de su servicio de inteligencia, podría dar con los cabecillas de esta mafia. Hasta ahora nadie ha sido enviado a la cárcel por vender vehículos robados. Estamos seguros de que el Ministerio Público y el Poder Judicial estarían listos a aplicar la ley de manera drástica.
Como se ve, el problema exige un tratamiento multisectorial, de lo contrario fluye la complicidad. La tolerancia cero es, pues, indispensable si se quiere erradicar tan delictivo comercio.
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