LA INSTITUCIÓN LUEGO DE 79 AÑOS
Por: Gerardo Matute
El 28 de febrero pasado, la Contraloría General de la República (CGR) cumplió 79 años de creada. Después de la Primera Guerra Mundial se inicia en América Latina un proceso de reformas económico financieras para modernizar sus sistemas de colección y manejo de recursos públicos. Los problemas económicos de la época eran comunes a todos los países y giraban alrededor de la carencia de instituciones fuertes que pudieran responder a las necesidades de sistematización de la hacienda pública.
Los resultados obtenidos por el consejero económico estadounidense Edwin Walter Kemmerer, en la organización de sistemas fiscales y bancos de reserva de la región, motivan la invitación que le hace el Gobierno Peruano para que contribuya con el ordenamiento en el país. Es así que surge la creación, entre varias instituciones de gestión y control fiscal, el de la Contraloría General de la República que reemplaza al Tribunal Mayor de Cuentas. Mediante la Ley 6784 se crea la CGR el 28 de febrero de 1930 . En 1964 la Ley 14816 le da a la Contraloría categoría de organismo autónomo, lo que fuera ratificado en las Constituciones de 1979 y 1993.
Por muchos años la administración pública recibió el servicio de auditorías e inspecciones, en el que se identificaba deficiencias y excesos en la gestión al no concordar con las normas. La Ley Orgánica 27785 del 23 de julio del 2002 es la última aprobada por el Congreso. En esta norma se incorporan cambios concordados con la Declaración de Lima (1979) de Intosai (Organización Internacional de Instituciones Superiores de Fiscalización) que propone contar con un control autónomo e independiente, próximo a quienes manejan recursos del Estado y que vele por la probidad de los funcionarios públicos. Además, la ley incorpora nuevos planteamientos y definiciones de control gubernamental que trascienden las tradicionales auditorías de legalidad para promover un enfoque integral basado en evaluación de riesgos.
Hoy existen más de diecisiete diferentes procesos de control que inciden en la prevención y en el control de gestión, en el que se da un enfoque multidisciplinario. Como resultado de un exigente plan estratégico se inició el cambio en la Contraloría implementando, con un préstamo del BID, más de 80 proyectos que la han fortalecido y modernizado en muchos aspectos. Un cambio fundamental, aunque parcial, ha sido el proceso de descentralización del control, aún en marcha, que ha permitido establecer oficinas en 17 regiones y colocar funcionarios de Contraloría en cada entidad pública importante para ejecutar diferentes labores de control. Ellos, con visión de control externo, inician investigaciones e informan de los riesgos que se generan por inversiones, contrataciones, concesiones o adquisiciones de envergadura, o de los comportamientos ilegales en la conducción de la entidad.
Otro avance importante ha sido el trabajo de colaboración con el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción, que ha permitido que los casos de corrupción puedan tener hoy un tratamiento y una intervención inmediata. Esto asegura el éxito en la lucha anticorrupción, siendo superior a la participación de procuradores públicos, abogados defensores del Estado, que carecen de independencia institucional, especialización y recursos para tratar casos sensibles. Se ha desarrollado el control preventivo que evita errores y pone de manifiesto los riesgos en la gestión e impide una actuación dolosa, incidiendo en la transparencia.
La prevención exige un desarrollo multidisciplinario en el que profesionales de ingeniería, sociología, nutrición y hasta arqueología participan en el tratamiento de problemas de Estado. La prevención no es un cheque en blanco para que alguien actúe fuera de las normas. Exige una revisión o control posterior de lo realizado. El proceso de cambios en la CGR ha exigido un alto nivel de informatización que la convierte en referente en el ámbito nacional e internacional. La informática se aplica a sistemas administrativos y con un enfoque de gerencia de conocimiento a las tareas de control formando bases de conocimiento y herramientas de apoyo en la labor de control. Aplicándose en tareas como la fiscalización de declaraciones juradas de funcionarios, de adquisiciones y contrataciones, declaraciones de rendición de cuentas, manejo de la documentación, auditorías de legalidad, seguimiento de inversiones y evaluaciones de riesgo. Este concepto integral ayudado por la tecnología hace de la Contraloría una de las instituciones más modernas del Estado Peruano.
El funcionamiento institucional de la entidad de control está asegurado al seguir con su plan estratégico y completar los más de cincuenta proyectos que aún están en proceso. Se espera la presencia del nuevo contralor que debe conducir y fortalecer la contraloría en su proceso de institucionalización y crecimiento, actuando con absoluta independencia y autonomía.
EX CONTRALOR DE LA REPÚBLICA (2001-2008)
Por: Gerardo Matute
El 28 de febrero pasado, la Contraloría General de la República (CGR) cumplió 79 años de creada. Después de la Primera Guerra Mundial se inicia en América Latina un proceso de reformas económico financieras para modernizar sus sistemas de colección y manejo de recursos públicos. Los problemas económicos de la época eran comunes a todos los países y giraban alrededor de la carencia de instituciones fuertes que pudieran responder a las necesidades de sistematización de la hacienda pública.
Los resultados obtenidos por el consejero económico estadounidense Edwin Walter Kemmerer, en la organización de sistemas fiscales y bancos de reserva de la región, motivan la invitación que le hace el Gobierno Peruano para que contribuya con el ordenamiento en el país. Es así que surge la creación, entre varias instituciones de gestión y control fiscal, el de la Contraloría General de la República que reemplaza al Tribunal Mayor de Cuentas. Mediante la Ley 6784 se crea la CGR el 28 de febrero de 1930 . En 1964 la Ley 14816 le da a la Contraloría categoría de organismo autónomo, lo que fuera ratificado en las Constituciones de 1979 y 1993.
Por muchos años la administración pública recibió el servicio de auditorías e inspecciones, en el que se identificaba deficiencias y excesos en la gestión al no concordar con las normas. La Ley Orgánica 27785 del 23 de julio del 2002 es la última aprobada por el Congreso. En esta norma se incorporan cambios concordados con la Declaración de Lima (1979) de Intosai (Organización Internacional de Instituciones Superiores de Fiscalización) que propone contar con un control autónomo e independiente, próximo a quienes manejan recursos del Estado y que vele por la probidad de los funcionarios públicos. Además, la ley incorpora nuevos planteamientos y definiciones de control gubernamental que trascienden las tradicionales auditorías de legalidad para promover un enfoque integral basado en evaluación de riesgos.
Hoy existen más de diecisiete diferentes procesos de control que inciden en la prevención y en el control de gestión, en el que se da un enfoque multidisciplinario. Como resultado de un exigente plan estratégico se inició el cambio en la Contraloría implementando, con un préstamo del BID, más de 80 proyectos que la han fortalecido y modernizado en muchos aspectos. Un cambio fundamental, aunque parcial, ha sido el proceso de descentralización del control, aún en marcha, que ha permitido establecer oficinas en 17 regiones y colocar funcionarios de Contraloría en cada entidad pública importante para ejecutar diferentes labores de control. Ellos, con visión de control externo, inician investigaciones e informan de los riesgos que se generan por inversiones, contrataciones, concesiones o adquisiciones de envergadura, o de los comportamientos ilegales en la conducción de la entidad.
Otro avance importante ha sido el trabajo de colaboración con el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción, que ha permitido que los casos de corrupción puedan tener hoy un tratamiento y una intervención inmediata. Esto asegura el éxito en la lucha anticorrupción, siendo superior a la participación de procuradores públicos, abogados defensores del Estado, que carecen de independencia institucional, especialización y recursos para tratar casos sensibles. Se ha desarrollado el control preventivo que evita errores y pone de manifiesto los riesgos en la gestión e impide una actuación dolosa, incidiendo en la transparencia.
La prevención exige un desarrollo multidisciplinario en el que profesionales de ingeniería, sociología, nutrición y hasta arqueología participan en el tratamiento de problemas de Estado. La prevención no es un cheque en blanco para que alguien actúe fuera de las normas. Exige una revisión o control posterior de lo realizado. El proceso de cambios en la CGR ha exigido un alto nivel de informatización que la convierte en referente en el ámbito nacional e internacional. La informática se aplica a sistemas administrativos y con un enfoque de gerencia de conocimiento a las tareas de control formando bases de conocimiento y herramientas de apoyo en la labor de control. Aplicándose en tareas como la fiscalización de declaraciones juradas de funcionarios, de adquisiciones y contrataciones, declaraciones de rendición de cuentas, manejo de la documentación, auditorías de legalidad, seguimiento de inversiones y evaluaciones de riesgo. Este concepto integral ayudado por la tecnología hace de la Contraloría una de las instituciones más modernas del Estado Peruano.
El funcionamiento institucional de la entidad de control está asegurado al seguir con su plan estratégico y completar los más de cincuenta proyectos que aún están en proceso. Se espera la presencia del nuevo contralor que debe conducir y fortalecer la contraloría en su proceso de institucionalización y crecimiento, actuando con absoluta independencia y autonomía.
EX CONTRALOR DE LA REPÚBLICA (2001-2008)
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