9.3.09

¿Al fondo hay sitio?

El Congreso peruano tiene breves períodos de aprobación al inicio de cada gestión, para después caer estrepitosamente en su legitimidad frente a la ciudadanía en los siguientes dos o tres años. Luego, viene una especie de letargo, en que ese poder del Estado no suena ni truena mientras el ciudadano promedio está enfrascado en otros temas. Y es en esos extremos –la fugaz luna de miel y el sopor– cuando el Legislativo aprovecha para poner en agenda el tema del regreso a la bicameralidad. Lo acaba de hacer silenciosamente el actual presidente del Parlamento, con el apoyo de la bancada aprista, Unidad Nacional y dos o tres grupos pequeños. La idea es tener, además de los 120 congresistas actuales, 50 plazas nuevas destinadas a los senadores.
Y aunque esta reforma requiere de 81 votos para su aprobación (muy difíciles de obtener si se tiene en cuenta que se oponen los bloques fujimorista y humalista), vale la pena refrescar un poco la memoria al respecto, para evitar contrabandos.


Uno de los cambios principales de la Constitución de 1993 en relación a la de 1979 fue la unicameralidad. Salvo las de 1823, la bolivariana de 1826 y la de 1867, las constituciones peruanas han consagrado el régimen bicameral, por lo que muchos lo consideran parte de nuestra “Constitución histórica”. Además de los antecedentes históricos que se invocan, el argumento central es que una “cámara reflexiva” evitaría papelones en la elaboración de leyes que a veces resultan abiertamente anticonstitucionales.

Sin embargo, la tendencia moderna en los países con democracias más estables y prósperas es migrar hacia un sistema unicameral, como en Europa, donde 24 naciones han adoptado ese régimen. Habría que preguntarse, además, cuánto costaría mantener una cámara de senadores que por muy reflexiva que pueda ser, va a implicar mayor gasto público en un país con tantas necesidades mucho más urgentes.

No olvidemos que cada senador vendría con su pan bajo el brazo. Además de secretarias, asesores, choferes y viáticos tendrán comisiones ordinarias, presidencia, vicepresidencias y un sinnúmero más de privilegios para muchos irritantes.

El Estado requiere atender las necesidades y derechos básicos de la población. Si hay tantos interesados en sentarse en una curul, mejor que aprueben la renovación por tercios, así serán más los que podrán aprovechar la miel del poder, pudorosamente llamada “oportunidad de servir desinteresadamente a la Nación”. ¿Necesitamos 50 otorongos más? La respuesta es obvia.


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LA RAZON

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