Hace cuatro años, el 1 de enero de 2005, el autoproclamado ideólogo del “etnocacerismo”, Antauro Humala Tasso, dirigió la toma de la comisaría de Andahuaylas (Apurímac) y trató de rebelarse contra el sistema democrático sin medir las consecuencias de esta acción efectista y delictiva.
Armas en ristre, correrías y proclamas hicieron que el país estuviera en vilo varios días debido a la insensatez del denominado clan Humala, donde tanto Antauro como su hermano Ollanta Humala –entonces agregado militar en Francia– aparecían como sujetos sedientos de figuración y notoriedad con el objeto de construirse una biografía que los catapultara a la política más allá de lo que había significado Locumba (año 2000).
A ese atentado contra el estado de derecho se le llama el “Andahuaylazo”, y el saldo de tamaña aventura fue la muerte de seis personas, cuatros agentes de la Policía Nacional y dos integrantes de las huestes humalistas. Así se enlutó a hogares humildes, causando gran dolor entre los familiares de los policías victimados a sangre fría por un francotirador agazapado que disparó a mansalva a los custodios del orden que simplemente caminaban por una calle de Andahuaylas ignorando que alguien los tenía en la mira.
Si bien en este caso hay indicios que vinculan a Ollanta Humala como copartícipe de aquella asonada, en rigor muchas cosas extrañas han ocurrido para que los autores intelectuales sean tratados con manos de seda o por lo menos para demorar el proceso. Aún más, hay otro caso, el de “Madre Mía”, donde Ollanta Humala está directamente comprometido. Sin embargo los testigos en este proceso uno a uno han ido cambiando de versión –cosa extraña, a favor de la defensa del hoy jefe del Partido Nacionalista–. De manera que tanto Antauro como Ollanta Humala tienen algo en común, y es que el tiempo transcurre y hasta ahora sus juicios no concluyen. ¿Qué artes utilizan? No lo sabemos. Sin embargo llama mucho la atención la lentitud de la administración de justicia.
En medio de esta catatonia judicial, EXPRESO –en su edición de ayer– hizo pública la denuncia de uno de los magistrados que juzga a Antauro Humala, el vocal superior Luis Orlando Carrera Conti, de la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel, quien ha recibido una carta amenazadora que describe detalladamente cómo viene siendo víctima de “reglaje” por simpatizantes del ollantismo, tanto él como su familia. El juez ya presentó el caso ante las autoridades pues teme que algo grave ocurra contra él, su esposa e hijos. Ante este hecho, tenemos que rechazar este tipo de amedrentamientos contra un magistrado o contra cualquier funcionario de nuestro país. Esto sencillamente no se debe tolerar.
Sin embargo, al margen de las investigaciones sobre quiénes están detrás de la misiva intimidatoria –donde se lee “lo único que queremos es que no sentencie al comandante ni a su hermano. Ustedes son chimbotanos, los tenemos identificados”-, cabe señalar que el proceso penal seguido contra Antauro Humala y sus “reservistas” lleva demasiado tiempo, siendo injusto que hasta hoy los deudos de las víctimas sigan esperando justicia. El Poder Judicial necesita poner firmeza y castigar severamente, por encima de amenazas o bravatas anónimas, a los autores de una rebelión criminal, desde todo punto de vista injustificable.
expreso
Armas en ristre, correrías y proclamas hicieron que el país estuviera en vilo varios días debido a la insensatez del denominado clan Humala, donde tanto Antauro como su hermano Ollanta Humala –entonces agregado militar en Francia– aparecían como sujetos sedientos de figuración y notoriedad con el objeto de construirse una biografía que los catapultara a la política más allá de lo que había significado Locumba (año 2000).
A ese atentado contra el estado de derecho se le llama el “Andahuaylazo”, y el saldo de tamaña aventura fue la muerte de seis personas, cuatros agentes de la Policía Nacional y dos integrantes de las huestes humalistas. Así se enlutó a hogares humildes, causando gran dolor entre los familiares de los policías victimados a sangre fría por un francotirador agazapado que disparó a mansalva a los custodios del orden que simplemente caminaban por una calle de Andahuaylas ignorando que alguien los tenía en la mira.
Si bien en este caso hay indicios que vinculan a Ollanta Humala como copartícipe de aquella asonada, en rigor muchas cosas extrañas han ocurrido para que los autores intelectuales sean tratados con manos de seda o por lo menos para demorar el proceso. Aún más, hay otro caso, el de “Madre Mía”, donde Ollanta Humala está directamente comprometido. Sin embargo los testigos en este proceso uno a uno han ido cambiando de versión –cosa extraña, a favor de la defensa del hoy jefe del Partido Nacionalista–. De manera que tanto Antauro como Ollanta Humala tienen algo en común, y es que el tiempo transcurre y hasta ahora sus juicios no concluyen. ¿Qué artes utilizan? No lo sabemos. Sin embargo llama mucho la atención la lentitud de la administración de justicia.
En medio de esta catatonia judicial, EXPRESO –en su edición de ayer– hizo pública la denuncia de uno de los magistrados que juzga a Antauro Humala, el vocal superior Luis Orlando Carrera Conti, de la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel, quien ha recibido una carta amenazadora que describe detalladamente cómo viene siendo víctima de “reglaje” por simpatizantes del ollantismo, tanto él como su familia. El juez ya presentó el caso ante las autoridades pues teme que algo grave ocurra contra él, su esposa e hijos. Ante este hecho, tenemos que rechazar este tipo de amedrentamientos contra un magistrado o contra cualquier funcionario de nuestro país. Esto sencillamente no se debe tolerar.
Sin embargo, al margen de las investigaciones sobre quiénes están detrás de la misiva intimidatoria –donde se lee “lo único que queremos es que no sentencie al comandante ni a su hermano. Ustedes son chimbotanos, los tenemos identificados”-, cabe señalar que el proceso penal seguido contra Antauro Humala y sus “reservistas” lleva demasiado tiempo, siendo injusto que hasta hoy los deudos de las víctimas sigan esperando justicia. El Poder Judicial necesita poner firmeza y castigar severamente, por encima de amenazas o bravatas anónimas, a los autores de una rebelión criminal, desde todo punto de vista injustificable.
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