Esta es una semana especial para la libertad de expresión y de prensa, así como para los países de las Américas que en los últimos 15 años adoptaron la Declaración de Chapultepec. Y es que, al amparo de los principios que componen este importante documento supranacional, nuestro continente no solo ha renovado su compromiso con libertades públicas que son fundamentales, sino también con la democracia, la institucionalidad y el Estado de derecho.
Desde que la Sociedad Interamericana de Prensa adoptara la declaración en aquella histórica Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión realizada en el Castillo de Chapultepec en México, son múltiples los logros conseguidos por su intermedio en la lucha por garantizar que ninguna persona —y no solo los periodistas— vea coartados sus derechos de buscar y recibir información, así como de expresar y divulgar opiniones libremente.
En el ámbito interamericano, ha jugado un papel clave en la elaboración de diversos instrumentos, incluida la declaración de principios sobre libertad de prensa de la OEA, y en la interpretación de asuntos en los que este derecho estuvo en entredicho.
En nuestro país, su marco regulatorio se ha invocado para sustentar, por ejemplo, la defensa de periodistas que fueron objeto de amedrentamiento y amenaza en el cumplimiento de su labor informativa y de denuncia. Además, fue basamento prioritario en documentos como los Principios de Lima para garantizar el acceso a la información pública, que impulsó acertadamente el Consejo de la Prensa Peruana.
Es más, los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García, así como autoridades congresales, no dudaron en adoptar esta declaración que, en suma, ratifica que la libertad de expresión y de prensa “es un derecho inalienable del pueblo”.
Por esta razón, ciertos gobiernos autocráticos, que legitiman el control gubernamental en los flujos informativos, se han negado a suscribirla, porque olvidan que sin respeto a los derechos inalienables la práctica democrática no existe, porque ambas —democracia y libertad— son indivisibles.
Ejemplo de ello fue el fujimorato que, entre 1990 y el 2000, desconoció la declaración. En su lugar, restringió el acceso a las fuentes de información, intentó implantar la censura previa en el país, además de discriminar, sancionar y cooptar a los medios de comunicación de acuerdo con sus oscuros intereses. Otro caso, lamentablemente aún vigente, es el del gobierno de Hugo Chávez que, en sí mismo, va en contra de todo lo que propone Chapultepec, al extremo de sancionar a la prensa libre que difunde la verdad, formula críticas o simplemente cumple con denunciar los abusos de su autoritario régimen.
El Comercio, que ha sido uno de sus propulsores en el Perú, renueva hoy los compromisos con este documento que, en síntesis, rechaza cualquier ley o acto de poder que restrinja el derecho de las personas a expresarse libremente y sin ataduras.
Nuestro país debe trabajar para que este importante instrumento sea ampliamente internalizado y utilizado como base indispensable en la norma legislativa y en la aplicación de los códigos procesales, por la solvencia indiscutible de sus postulados y cada vez que el derecho a la información sea invocado.
EL COMERCIO
Desde que la Sociedad Interamericana de Prensa adoptara la declaración en aquella histórica Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión realizada en el Castillo de Chapultepec en México, son múltiples los logros conseguidos por su intermedio en la lucha por garantizar que ninguna persona —y no solo los periodistas— vea coartados sus derechos de buscar y recibir información, así como de expresar y divulgar opiniones libremente.
En el ámbito interamericano, ha jugado un papel clave en la elaboración de diversos instrumentos, incluida la declaración de principios sobre libertad de prensa de la OEA, y en la interpretación de asuntos en los que este derecho estuvo en entredicho.
En nuestro país, su marco regulatorio se ha invocado para sustentar, por ejemplo, la defensa de periodistas que fueron objeto de amedrentamiento y amenaza en el cumplimiento de su labor informativa y de denuncia. Además, fue basamento prioritario en documentos como los Principios de Lima para garantizar el acceso a la información pública, que impulsó acertadamente el Consejo de la Prensa Peruana.
Es más, los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García, así como autoridades congresales, no dudaron en adoptar esta declaración que, en suma, ratifica que la libertad de expresión y de prensa “es un derecho inalienable del pueblo”.
Por esta razón, ciertos gobiernos autocráticos, que legitiman el control gubernamental en los flujos informativos, se han negado a suscribirla, porque olvidan que sin respeto a los derechos inalienables la práctica democrática no existe, porque ambas —democracia y libertad— son indivisibles.
Ejemplo de ello fue el fujimorato que, entre 1990 y el 2000, desconoció la declaración. En su lugar, restringió el acceso a las fuentes de información, intentó implantar la censura previa en el país, además de discriminar, sancionar y cooptar a los medios de comunicación de acuerdo con sus oscuros intereses. Otro caso, lamentablemente aún vigente, es el del gobierno de Hugo Chávez que, en sí mismo, va en contra de todo lo que propone Chapultepec, al extremo de sancionar a la prensa libre que difunde la verdad, formula críticas o simplemente cumple con denunciar los abusos de su autoritario régimen.
El Comercio, que ha sido uno de sus propulsores en el Perú, renueva hoy los compromisos con este documento que, en síntesis, rechaza cualquier ley o acto de poder que restrinja el derecho de las personas a expresarse libremente y sin ataduras.
Nuestro país debe trabajar para que este importante instrumento sea ampliamente internalizado y utilizado como base indispensable en la norma legislativa y en la aplicación de los códigos procesales, por la solvencia indiscutible de sus postulados y cada vez que el derecho a la información sea invocado.
EL COMERCIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario