La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha dado en el clavo. En declaración publicada ayer en el diario oficialista de Santiago La Nación ha revelado: “Este (el Tratado de Libre Comercio con el Perú) es un acuerdo político que se tomó entre los Presidentes, que luego fue firmado por el Canciller, pero que más tarde fue aprobado por el Congreso chileno”.
¡Ampay! El acuerdo lo buscó en Chile Alan García, apenas reelegido. Fue, además, un pacto político. Y, por supuesto, ha sido aprobado y festejado por el Congreso y los empresarios chilenos.
El origen ha sido, pues, identificado.
Alejandro Foxley, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, ha aprovechado para defender el Tratado antiperuano e injerirse en la política interna del Perú. Con su conocida intemperancia, Foxley se atreve a descalificar y ofender a quienes, con todo derecho, se oponen al instrumento consentido por García.
Tanto Bachelet como Foxley pretenden que quienes defienden los intereses y la seguridad del Perú viven en el pasado, en tanto que ellos se sitúan en el siglo XXI. Son futuristas.
Infortunadas declaraciones. Quienes han anclado en el siglo XIX no son los opositores al Tratado, sino las castas gobernantes del país del sur que quieren, por ejemplo, que se dé como inconmovible el hecho de que, a raíz de la guerra del Pacífico, despojaran de mar a Bolivia.
Tan atados están no sólo a los recuerdos, sino también a los métodos chilenos del siglo XIX, que intentan apoderarse de una enorme extensión de mar peruano, alegando, cínicamente, que la frontera marítima ha sido definida en tratados limítrofes (que no existen).
Gobernantes y voceros oficiosos se suman a ese intento de despojo. El periodista y diplomático chileno José Rodríguez Elizondo, tan cálidamente acogido en ciertos periódicos peruanos, habla, en su libro Las crisis vecinales del gobierno de Lagos, del “litoral ex peruano”.
O sea que persisten en el afán añejo de dejar para siempre casi sin mar a buena parte del sur peruano.
Innegable es que lo que Chile califica de acuerdos fronterizos eran simples convenios pesqueros, y, en todo caso, no mutilaban las 200 millas marítimas peruanas. El principal documento proclama más bien ese derecho para el Perú, Chile y Ecuador.
Para los gobernantes chilenos nuestro país debiera olvidarse de todo eso, y mirar sólo el futuro, a condición de que en ese futuro se haya consagrado el plan expansionista y hegemónico de Chile, y la sumisión del Perú.
Bachelet y Foxley temen sin duda la reacción presente y futura de los peruanos contra acuerdos contrarios al interés nacional. Quizás no habían calculado que su soberbia y su intromisión iban a avivar el disgusto peruano contra sus planes y contra la complicidad vergonzosa de los García.
¡Ampay! El acuerdo lo buscó en Chile Alan García, apenas reelegido. Fue, además, un pacto político. Y, por supuesto, ha sido aprobado y festejado por el Congreso y los empresarios chilenos.
El origen ha sido, pues, identificado.
Alejandro Foxley, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, ha aprovechado para defender el Tratado antiperuano e injerirse en la política interna del Perú. Con su conocida intemperancia, Foxley se atreve a descalificar y ofender a quienes, con todo derecho, se oponen al instrumento consentido por García.
Tanto Bachelet como Foxley pretenden que quienes defienden los intereses y la seguridad del Perú viven en el pasado, en tanto que ellos se sitúan en el siglo XXI. Son futuristas.
Infortunadas declaraciones. Quienes han anclado en el siglo XIX no son los opositores al Tratado, sino las castas gobernantes del país del sur que quieren, por ejemplo, que se dé como inconmovible el hecho de que, a raíz de la guerra del Pacífico, despojaran de mar a Bolivia.
Tan atados están no sólo a los recuerdos, sino también a los métodos chilenos del siglo XIX, que intentan apoderarse de una enorme extensión de mar peruano, alegando, cínicamente, que la frontera marítima ha sido definida en tratados limítrofes (que no existen).
Gobernantes y voceros oficiosos se suman a ese intento de despojo. El periodista y diplomático chileno José Rodríguez Elizondo, tan cálidamente acogido en ciertos periódicos peruanos, habla, en su libro Las crisis vecinales del gobierno de Lagos, del “litoral ex peruano”.
O sea que persisten en el afán añejo de dejar para siempre casi sin mar a buena parte del sur peruano.
Innegable es que lo que Chile califica de acuerdos fronterizos eran simples convenios pesqueros, y, en todo caso, no mutilaban las 200 millas marítimas peruanas. El principal documento proclama más bien ese derecho para el Perú, Chile y Ecuador.
Para los gobernantes chilenos nuestro país debiera olvidarse de todo eso, y mirar sólo el futuro, a condición de que en ese futuro se haya consagrado el plan expansionista y hegemónico de Chile, y la sumisión del Perú.
Bachelet y Foxley temen sin duda la reacción presente y futura de los peruanos contra acuerdos contrarios al interés nacional. Quizás no habían calculado que su soberbia y su intromisión iban a avivar el disgusto peruano contra sus planes y contra la complicidad vergonzosa de los García.
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