El Tratado de Libre Comercio con Chile, convenido por Alan García apenas elegido presidente por segunda vez, entra hoy en vigencia, contra viento y marea, mejor dicho, contra la Constitución y el interés nacional.
Nunca como en este caso se ha exhibido con toda su fuerza el amor de García por Chile, en el ancho contexto de su claudicación antinacional.
El primer mandatario es abogado y sabe, por lo tanto, que al poner en vigencia este convenio está violando la Constitución.
La Constitución vigente manda en su artículo 56 que los tratados sean “aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República”, siempre que versen sobre Derechos Humanos; soberanía, dominio o integridad del Estado; Defensa Nacional y Obligaciones financieras del Estado.
Pues bien: el tratado prochileno renuncia a esferas de soberanía, dominio y aun integridad del país, y no ha sido sometido al veredicto del Congreso.
El ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros expone en esta edición de LA PRIMERA que el artículo 22 del tratado introduce una definición de territorio distinta a la que manda nuestra Constitución. El tratado elude también el tema de las 200 millas marítimas, área en que Chile insiste en arrebatar dominio a gran parte del sur peruano.
El Capítulo 16 anula la jurisdicción nacional para la solución de controversias y la reemplaza por el arbitraje internacional.
Más grave aún es que el convenio elimina la caus al de Seguridad Nacional en el caso de expropiación de empresas chilenas. Se viola así, con premeditación, alevosía y ventaja, el artículo 70 de la Constitución, que reza: “A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública”.
El señor García y sus cómplices han lanzado, así, un desafío al país.
El Congreso de la República debiera volver por sus fueros, examinar con sentido jurídico y nacional el tratado, y anularlo.
He ahí una causa que debiera movilizar a la opinión pública, a fin de que ésta arroje su peso de cólera y honor en un recinto legislativo que suele ser de pasos perdidos.
Nunca como en este caso se ha exhibido con toda su fuerza el amor de García por Chile, en el ancho contexto de su claudicación antinacional.
El primer mandatario es abogado y sabe, por lo tanto, que al poner en vigencia este convenio está violando la Constitución.
La Constitución vigente manda en su artículo 56 que los tratados sean “aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República”, siempre que versen sobre Derechos Humanos; soberanía, dominio o integridad del Estado; Defensa Nacional y Obligaciones financieras del Estado.
Pues bien: el tratado prochileno renuncia a esferas de soberanía, dominio y aun integridad del país, y no ha sido sometido al veredicto del Congreso.
El ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros expone en esta edición de LA PRIMERA que el artículo 22 del tratado introduce una definición de territorio distinta a la que manda nuestra Constitución. El tratado elude también el tema de las 200 millas marítimas, área en que Chile insiste en arrebatar dominio a gran parte del sur peruano.
El Capítulo 16 anula la jurisdicción nacional para la solución de controversias y la reemplaza por el arbitraje internacional.
Más grave aún es que el convenio elimina la caus al de Seguridad Nacional en el caso de expropiación de empresas chilenas. Se viola así, con premeditación, alevosía y ventaja, el artículo 70 de la Constitución, que reza: “A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública”.
El señor García y sus cómplices han lanzado, así, un desafío al país.
El Congreso de la República debiera volver por sus fueros, examinar con sentido jurídico y nacional el tratado, y anularlo.
He ahí una causa que debiera movilizar a la opinión pública, a fin de que ésta arroje su peso de cólera y honor en un recinto legislativo que suele ser de pasos perdidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario