En medio de la desesperante lentitud judicial ha aparecido un nuevo tipo de magistrado: el juez pro delincuente. En verdad, hace tiempo se sabía de la existencia de este peligroso espécimen, pero ahora su número se ha multiplicado poniendo en entredicho la credibilidad del Poder Judicial y la recta administración de justicia.
La gota que rebasó el vaso ha sido la pérfida decisión de una Sala Penal para Reos en Cárcel que cambió la orden de detención por la de comparecencia del temerario inculpado Marco Antonio Sánchez Bedón, (a) “Marquitos”, personaje sindicado por muchos como perteneciente a la sanguinaria banda ”Los destructores”, y posible autor de una larga lista de secuestros y asaltos a robo armada, pero quien desde ahora cuenta con el beneficio del arresto domiciliario.
Sencillamente esto es el colmo. A la fuga de delincuentes de estaciones policiales, al escape de narcotraficantes de centros penitenciarios del Inpe o de cárceles bajo el control de la PNP, ahora se suma la complacencia de algunos jueces, titulares o suplentes, prestos a firmar resoluciones a favor de terribles antisociales, poniendo así en peligro importantes bienes jurídicos tutelados que, precisamente, deberían ser defendidos por el juez para evitar exponer –aún más– la integridad física y moral de las personas. No obstante, bajo el pretexto de la norma que refiere que por exceso de carcelería, es decir por estar preso más de tres años sin sentencia –lenidad de ciertos jueces que permite que tal argucia sirva de llave de los penales, sobre todo al crimen organizado–, el delincuente quedará tranquilamente a la espera de la condena en su domicilio, bajo la custodia de efectivos policiales que deberían estar patrullando las calles en resguardo de la sociedad, y no sentados en la puerta de las viviendas de criminales que deberían permanecen en la cárcel.
Lo que llama la atención en este caso en particular es la celeridad de los jueces, quienes raudamente hicieron “valer la ley”, mientras decenas o centenares de presos menos peligrosos –en igual condición– permanecen en las cárceles. Hay aquí un trato especial que suelen aplicar algunos magistrados y que deberá investigarse. Se dirá que el juez sólo cumple con la ley. ¡Pamplinas! La ley lo obliga a emitir sentencia con celeridad, no a esperar que pase el tiempo hasta llegar al límite de la carcelería sin sentencia. ¿No es, entonces, que adrede ciertos jueces dejan pasar el tiempo para acabar beneficiando a peligrosos hampones que causan tanto daño y dolor? Además, para cumplir con la norma penal, evitando llegar al beneficio penitenciario de marras, los jueces disponen del criterio de conciencia que les permite evaluar el caso y formarse una idea de él a través de las pruebas pertinentes. Que en la situación de Sánchez Bedón lo acusaban indubitablemente.
De paso los jueces pro delincuentes han causado un costo enorme para el erario nacional ya que ahora se turnarán a policías para cuidar que el reo no escape de su residencia sabe Dios por cuánto tiempo. Así como este caso, hay muchos. La ministra de Justicia señala que hay más de 400 policías montando guardia en los domicilios de las personas beneficiadas por esta trampa legal que esperan sentencia. Para mayor suspicacia, resulta que el Poder Judicial dispone de esta clase de beneficios incluso cuando está de vacaciones. Ha llegado entonces el momento de identificar y publicar los nombres de aquellos jueces pro delincuentes que primero dilatan los casos de avezados malhechores para después proyectar a corto tiempo su injusta libertad.
La gota que rebasó el vaso ha sido la pérfida decisión de una Sala Penal para Reos en Cárcel que cambió la orden de detención por la de comparecencia del temerario inculpado Marco Antonio Sánchez Bedón, (a) “Marquitos”, personaje sindicado por muchos como perteneciente a la sanguinaria banda ”Los destructores”, y posible autor de una larga lista de secuestros y asaltos a robo armada, pero quien desde ahora cuenta con el beneficio del arresto domiciliario.
Sencillamente esto es el colmo. A la fuga de delincuentes de estaciones policiales, al escape de narcotraficantes de centros penitenciarios del Inpe o de cárceles bajo el control de la PNP, ahora se suma la complacencia de algunos jueces, titulares o suplentes, prestos a firmar resoluciones a favor de terribles antisociales, poniendo así en peligro importantes bienes jurídicos tutelados que, precisamente, deberían ser defendidos por el juez para evitar exponer –aún más– la integridad física y moral de las personas. No obstante, bajo el pretexto de la norma que refiere que por exceso de carcelería, es decir por estar preso más de tres años sin sentencia –lenidad de ciertos jueces que permite que tal argucia sirva de llave de los penales, sobre todo al crimen organizado–, el delincuente quedará tranquilamente a la espera de la condena en su domicilio, bajo la custodia de efectivos policiales que deberían estar patrullando las calles en resguardo de la sociedad, y no sentados en la puerta de las viviendas de criminales que deberían permanecen en la cárcel.
Lo que llama la atención en este caso en particular es la celeridad de los jueces, quienes raudamente hicieron “valer la ley”, mientras decenas o centenares de presos menos peligrosos –en igual condición– permanecen en las cárceles. Hay aquí un trato especial que suelen aplicar algunos magistrados y que deberá investigarse. Se dirá que el juez sólo cumple con la ley. ¡Pamplinas! La ley lo obliga a emitir sentencia con celeridad, no a esperar que pase el tiempo hasta llegar al límite de la carcelería sin sentencia. ¿No es, entonces, que adrede ciertos jueces dejan pasar el tiempo para acabar beneficiando a peligrosos hampones que causan tanto daño y dolor? Además, para cumplir con la norma penal, evitando llegar al beneficio penitenciario de marras, los jueces disponen del criterio de conciencia que les permite evaluar el caso y formarse una idea de él a través de las pruebas pertinentes. Que en la situación de Sánchez Bedón lo acusaban indubitablemente.
De paso los jueces pro delincuentes han causado un costo enorme para el erario nacional ya que ahora se turnarán a policías para cuidar que el reo no escape de su residencia sabe Dios por cuánto tiempo. Así como este caso, hay muchos. La ministra de Justicia señala que hay más de 400 policías montando guardia en los domicilios de las personas beneficiadas por esta trampa legal que esperan sentencia. Para mayor suspicacia, resulta que el Poder Judicial dispone de esta clase de beneficios incluso cuando está de vacaciones. Ha llegado entonces el momento de identificar y publicar los nombres de aquellos jueces pro delincuentes que primero dilatan los casos de avezados malhechores para después proyectar a corto tiempo su injusta libertad.
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