El presidente de la Corte Suprema de la República, Javier Villa Stein, ha instado públicamente a los jueces y al personal auxiliar de la administración de justicia a cumplir con responsabilidad las funciones que el país les ha delegado y a resolver los expedientes penales con celeridad, sin esperar que haya procesados con exceso de carcelería que se aprovechan de esta circunstancia para salir libres.
A esta invocación, formulada de parte del máximo magistrado del Poder Judicial, debemos sumarnos porque hemos llegado a un preocupante grado de anormalidad en el desempeño de algunos jueces cuando se comprueba que delincuentes –con poder económico o intimidatorio– reciben trato especial, por ejemplo, en materia de beneficios penitenciarios, especialmente si cumplen tres años de prisión sin sentencia, mientras que otros presos que están siete, ocho o más años en la misma situación permanecen enclaustrados sin recibir gollerías procesales.
Pero el límite de esta mañosa laxitud de algunos jueces penales, y de sus respectivos secretarios judiciales, se evidenció hace unos días luego que una resolución de una de las “Salas para reos en cárcel” enviara alegremente a su domicilio a un temible inculpado (nada menos que integrante de las bandas criminales de “Los Destructores” y “Los Injertos”), quien injustificadamente, a resultas de las pruebas que lo incriminan, salió de su lugar de reclusión en un penal de máxima seguridad y pasó a cumplir arresto en su domicilio bajo la custodia de dos policías que debían resguardarlo las 24 horas del día mientras dure su juicio. Ante tamaña irresponsabilidad, la ministra de Justicia, la titular del sector Interior y la opinión pública manifestaron su repudio a este tipo de resoluciones por lo que el órgano jurisdiccional no tuvo más remedio que retroceder y rectificar su decisión.
Sin embargo, la nueva medida adoptada consistió en que el procesado deje el arresto domiciliario para que pase a la Casa Transitoria de Arresto Santa Bárbara, ubicada en el Callao, lugar que a todas luces deja mucho que desear para ser un reclusorio porque no reúne la infraestructura adecuada que garantice la estancia del preso allí enviado, o de cualquier otro delincuente, pues se trata de un inmueble hacinado, endeble y poco aparente para que haya reos de alta peligrosidad en su interior. Es más, las fugas –se supone con ayuda de malos policías que están asignados al penal de Santa Bárbara–, son constantes. Las últimas se efectuaron el pasado 10 de enero cuando ocho delincuentes escaparon por medio de un forado. Y hace unos días, dos malhechores más salieron trepando por el techo del referido recinto luego de limar los barrotes del pequeño ambiente en el que se encontraban.
Lamentablemente llegamos a todos estos problemas debido a la lentitud de los despachos judiciales. Por eso los más llamados a escuchar la invocación del presidente del Poder Judicial, pidiendo mayor celeridad en todos los procesos –y en particular en los juicios penales–, son los propios magistrados. Sin embargo no se trata de que simplemente escuchen sino que lleven a la práctica la misión que el Estado y la nación han depositado en ellos. De lo contrario la cuestión es simple: los juzgadores que no tengan vocación o compromiso con la sociedad a la hora de administrar justicia tendrán que dejar su puesto a otros profesionales que sí tengan ganas y voluntad para trabajar.
EXPRESO
A esta invocación, formulada de parte del máximo magistrado del Poder Judicial, debemos sumarnos porque hemos llegado a un preocupante grado de anormalidad en el desempeño de algunos jueces cuando se comprueba que delincuentes –con poder económico o intimidatorio– reciben trato especial, por ejemplo, en materia de beneficios penitenciarios, especialmente si cumplen tres años de prisión sin sentencia, mientras que otros presos que están siete, ocho o más años en la misma situación permanecen enclaustrados sin recibir gollerías procesales.
Pero el límite de esta mañosa laxitud de algunos jueces penales, y de sus respectivos secretarios judiciales, se evidenció hace unos días luego que una resolución de una de las “Salas para reos en cárcel” enviara alegremente a su domicilio a un temible inculpado (nada menos que integrante de las bandas criminales de “Los Destructores” y “Los Injertos”), quien injustificadamente, a resultas de las pruebas que lo incriminan, salió de su lugar de reclusión en un penal de máxima seguridad y pasó a cumplir arresto en su domicilio bajo la custodia de dos policías que debían resguardarlo las 24 horas del día mientras dure su juicio. Ante tamaña irresponsabilidad, la ministra de Justicia, la titular del sector Interior y la opinión pública manifestaron su repudio a este tipo de resoluciones por lo que el órgano jurisdiccional no tuvo más remedio que retroceder y rectificar su decisión.
Sin embargo, la nueva medida adoptada consistió en que el procesado deje el arresto domiciliario para que pase a la Casa Transitoria de Arresto Santa Bárbara, ubicada en el Callao, lugar que a todas luces deja mucho que desear para ser un reclusorio porque no reúne la infraestructura adecuada que garantice la estancia del preso allí enviado, o de cualquier otro delincuente, pues se trata de un inmueble hacinado, endeble y poco aparente para que haya reos de alta peligrosidad en su interior. Es más, las fugas –se supone con ayuda de malos policías que están asignados al penal de Santa Bárbara–, son constantes. Las últimas se efectuaron el pasado 10 de enero cuando ocho delincuentes escaparon por medio de un forado. Y hace unos días, dos malhechores más salieron trepando por el techo del referido recinto luego de limar los barrotes del pequeño ambiente en el que se encontraban.
Lamentablemente llegamos a todos estos problemas debido a la lentitud de los despachos judiciales. Por eso los más llamados a escuchar la invocación del presidente del Poder Judicial, pidiendo mayor celeridad en todos los procesos –y en particular en los juicios penales–, son los propios magistrados. Sin embargo no se trata de que simplemente escuchen sino que lleven a la práctica la misión que el Estado y la nación han depositado en ellos. De lo contrario la cuestión es simple: los juzgadores que no tengan vocación o compromiso con la sociedad a la hora de administrar justicia tendrán que dejar su puesto a otros profesionales que sí tengan ganas y voluntad para trabajar.
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