“El tribunal que juzga a Fujimori determinará por primera vez en la historia de la República los criterios para criminalizar las políticas de los presidentes que implementan políticas de Estado y en su aplicación se producen desviaciones o costos sociales cometidos por funcionarios encargados de su ejecución”, dijo César Nakazaki.
“La experiencia política y social ha demostrado que los costos sociales de toda política de Estado son las desviaciones o defectos que se producen en su aplicación y que en el caso de la política antiterrorista fueron sin duda los casos de Barrios Altos y La Cantuta, que a nuestro criterio deben ser asumidos por los funcionarios responsables de los niveles donde se dan estos costos”, recalcó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario