Es lamentable la falta de coherencia y liderazgo del Gobierno para reducir el cuantioso déficit de transporte vial e infraestructura portuaria que requiere urgentemente el país y, sobre todo, la inversión minera.
La última clarinada de alerta la ha dado la empresa Chinalco, que proyecta invertir en el proyecto Toromocho nada menos que 2.150 millones de dólares en los próximos tres años para producir 1’200.000 toneladas métricas de mineral por año. Sin embargo, conforme lo han señalado sus directivos, será muy difícil que puedan consolidar su proyecto si no cuentan con un puerto seguro, amplio, costo-eficiente y ambientalmente garantizado.
Tal inversión no puede ponerse en riesgo, mucho menos en la crítica coyuntura mundial que amenaza con golpear la economía peruana y torna más difícil la llegada de nuevas inversiones.
Por lo mismo, llama la atención que el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, Frank Boyle, haya declarado inviable que el Callao pueda ser utilizado para exportar el mineral de Toromocho. El plan, ha dicho, es convertir el Terminal del Callao en un puerto especializado en transporte de contenedores.
Cabe preguntarse por qué el Gobierno, que se ha comprometido a dar todas las facilidades para que los inversionistas nacionales y extranjeros puedan hacer empresa, ha esperado casi diez meses para descartar esa propuesta. Más aun, cuando se sabe que el Callao fue considerado una de las alternativas más fiables desde que la minera china ganó en mayo del 2008 el proyecto y anunció el inicio de sus operaciones para el 2012.
En los últimos días se ha sugerido otras posibilidades, como la construcción de terminales marítimos en Ventanilla, Pasamayo o Chancay, las que deben ser evaluadas a la brevedad posible por el Gobierno en coordinación con los empresarios mineros.
De otro lado, también llama la atención que hasta ahora no se haya resuelto cómo se trasladará el mineral extraído desde Morococha, en las alturas de la sierra central de Junín, hasta el puerto elegido como punto de embarque. Sin embargo, las primeras previsiones señalan que el 40% sería transportado por vía férrea y lo restante a través de camiones, lo que implicaría que la Carretera Central, así como las vías de acceso de Lima y Callao afronten un incremento de tráfico en más de 100.000 viajes de camión al año. Ello configura un prospecto realmente problemático, que debe preocupar también a las autoridades regionales de Junín, Lima Provincias y el Callao y, por supuesto, a las autoridades municipales de las jurisdicciones involucradas.
¿Qué hacer? Si bien es cierto que por regla general al Estado no le corresponde el papel de empresario e inversionista, sí tiene la obligación de asumir un rol regulador y promotor de la inversión privada. Sobre todo cuando se trata de infraestructura, en lo que tenemos un déficit de más de 20 mil millones de dólares, el Gobierno debió haber asumido un liderazgo más efectivo.
Hay que actuar ahora. Las oportunidades de inversión no esperan y algunas no llaman a la puerta dos veces. Sería realmente grave que el proyecto de Toromocho pueda aplazarse debido a la inacción gubernamental en el tema portuario y vial, cuya resolución beneficiará no solo a las mineras sino a otras actividades económicas y a los ciudadanos en general.
La última clarinada de alerta la ha dado la empresa Chinalco, que proyecta invertir en el proyecto Toromocho nada menos que 2.150 millones de dólares en los próximos tres años para producir 1’200.000 toneladas métricas de mineral por año. Sin embargo, conforme lo han señalado sus directivos, será muy difícil que puedan consolidar su proyecto si no cuentan con un puerto seguro, amplio, costo-eficiente y ambientalmente garantizado.
Tal inversión no puede ponerse en riesgo, mucho menos en la crítica coyuntura mundial que amenaza con golpear la economía peruana y torna más difícil la llegada de nuevas inversiones.
Por lo mismo, llama la atención que el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, Frank Boyle, haya declarado inviable que el Callao pueda ser utilizado para exportar el mineral de Toromocho. El plan, ha dicho, es convertir el Terminal del Callao en un puerto especializado en transporte de contenedores.
Cabe preguntarse por qué el Gobierno, que se ha comprometido a dar todas las facilidades para que los inversionistas nacionales y extranjeros puedan hacer empresa, ha esperado casi diez meses para descartar esa propuesta. Más aun, cuando se sabe que el Callao fue considerado una de las alternativas más fiables desde que la minera china ganó en mayo del 2008 el proyecto y anunció el inicio de sus operaciones para el 2012.
En los últimos días se ha sugerido otras posibilidades, como la construcción de terminales marítimos en Ventanilla, Pasamayo o Chancay, las que deben ser evaluadas a la brevedad posible por el Gobierno en coordinación con los empresarios mineros.
De otro lado, también llama la atención que hasta ahora no se haya resuelto cómo se trasladará el mineral extraído desde Morococha, en las alturas de la sierra central de Junín, hasta el puerto elegido como punto de embarque. Sin embargo, las primeras previsiones señalan que el 40% sería transportado por vía férrea y lo restante a través de camiones, lo que implicaría que la Carretera Central, así como las vías de acceso de Lima y Callao afronten un incremento de tráfico en más de 100.000 viajes de camión al año. Ello configura un prospecto realmente problemático, que debe preocupar también a las autoridades regionales de Junín, Lima Provincias y el Callao y, por supuesto, a las autoridades municipales de las jurisdicciones involucradas.
¿Qué hacer? Si bien es cierto que por regla general al Estado no le corresponde el papel de empresario e inversionista, sí tiene la obligación de asumir un rol regulador y promotor de la inversión privada. Sobre todo cuando se trata de infraestructura, en lo que tenemos un déficit de más de 20 mil millones de dólares, el Gobierno debió haber asumido un liderazgo más efectivo.
Hay que actuar ahora. Las oportunidades de inversión no esperan y algunas no llaman a la puerta dos veces. Sería realmente grave que el proyecto de Toromocho pueda aplazarse debido a la inacción gubernamental en el tema portuario y vial, cuya resolución beneficiará no solo a las mineras sino a otras actividades económicas y a los ciudadanos en general.
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