El Perú debe recorrer un largo camino –a paso firme– para quedar libre de las mafias del espionaje o “chuponeo”. Ante el destape de la red delictiva montada en torno a la empresa Business Track, la mayoría de peruanos fueron claros en rechazar de manera enfática los atentados contra la confidencialidad de las comunicaciones y la violación del derecho constitucional a la reserva la vida íntima de las personas. En ese sentido los autores materiales e intelectuales de numerosos “chuponeos” perpetrados en los últimos años tienen que ser capturados en su totalidad para que ninguno de ellos quede en la impunidad.
Por eso destacamos que la Policía Nacional del Perú siga firme en cumplimiento de su misión, como lo ha corroborado al capturar el sábado último a Pablo Martell Espinoza, técnico que laboraba en la contratista Cobra que prestaba servicios a Telefónica del Perú y quien no dudó en ser reclutado para “realizar servicios especiales” con el objeto de pinchar teléfonos fijos, dado su conocimiento de las redes de telefonía fija. Martell Espinoza estuvo prófugo desde que la Fiscalía de la Nación hizo pública –el pasado mes de enero– la lista de personas vinculadas –directa o indirectamente– a la firma Business Track, principal sospechosa de haber perpetrado el “chuponeo”.
Su detención puede confirmar importantes elementos proporcionados desde un inicio de las investigaciones por otro implicado, el marino Martín Fernández Virhuez, quien en todo momento ha querido colaborar con las autoridades, por ejemplo al sindicar que la empresa Petro-Tech fue la que contrató –y pagó– a Business Track para espiar a Rómulo León Alegría y, por intermedio de éste, a Discover Petroleum. Precisamente fue Fernández Virhuez quien contrató a Pablo Martell para que apoye en el pinchado de las líneas telefónicas del ex ministro de Pesquería. Esperamos que esta detención permita ahondar más sobre un caso espinoso y de muchas aristas como es del espionaje telefónico.
Al respecto se debe tener cuidado porque desde algunos sectores comprometidos con el “chuponeo” se ha querido torcer la voluntad y las declaraciones de Fernández Virhuez. Incluso el abogado de este inculpado denunció que su patrocinado es objeto de presiones provenientes de algún asesor legal de los otros dos marinos en situación de retiro, Manuel Ponce Feijoo y Carlos Tomasio de Lambarri (dueños de Business Track). Ahora bien, lo sostenido por Fernández Virhuez resulta creíble y coherente pues se trata de un trabajador contratado por las dos personas mencionadas, pero que al ver que no le pagaron lo que solicitaba –y tras los continuos maltratos que, dice, recibía– procedió a denunciarlos y a decir la verdad a las autoridades acerca de los ilícitos que todos ellos cometían.
Esperemos que de parte de la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial se tomen todas las precauciones, y sobre todo que no se dejen sorprender por las maniobras provenientes de algunos sectores con poder que quieren intimidar o acallar no sólo a Fernández Virhuez sino que también lo harían con el sujeto recientemente capturado. Si queremos tener una sociedad libre de delincuentes, que se dedican al “chuponeo” por ejemplo, en el affaire de los “petroaudios” no se debería bajar la guardia pues el largo brazo de la ley debería alcanzar no sólo a los autores materiales sino también a los intelectuales. El objetivo es capturar a todos quienes contrataron –y pagaron– a terceros para espiar.
Por eso destacamos que la Policía Nacional del Perú siga firme en cumplimiento de su misión, como lo ha corroborado al capturar el sábado último a Pablo Martell Espinoza, técnico que laboraba en la contratista Cobra que prestaba servicios a Telefónica del Perú y quien no dudó en ser reclutado para “realizar servicios especiales” con el objeto de pinchar teléfonos fijos, dado su conocimiento de las redes de telefonía fija. Martell Espinoza estuvo prófugo desde que la Fiscalía de la Nación hizo pública –el pasado mes de enero– la lista de personas vinculadas –directa o indirectamente– a la firma Business Track, principal sospechosa de haber perpetrado el “chuponeo”.
Su detención puede confirmar importantes elementos proporcionados desde un inicio de las investigaciones por otro implicado, el marino Martín Fernández Virhuez, quien en todo momento ha querido colaborar con las autoridades, por ejemplo al sindicar que la empresa Petro-Tech fue la que contrató –y pagó– a Business Track para espiar a Rómulo León Alegría y, por intermedio de éste, a Discover Petroleum. Precisamente fue Fernández Virhuez quien contrató a Pablo Martell para que apoye en el pinchado de las líneas telefónicas del ex ministro de Pesquería. Esperamos que esta detención permita ahondar más sobre un caso espinoso y de muchas aristas como es del espionaje telefónico.
Al respecto se debe tener cuidado porque desde algunos sectores comprometidos con el “chuponeo” se ha querido torcer la voluntad y las declaraciones de Fernández Virhuez. Incluso el abogado de este inculpado denunció que su patrocinado es objeto de presiones provenientes de algún asesor legal de los otros dos marinos en situación de retiro, Manuel Ponce Feijoo y Carlos Tomasio de Lambarri (dueños de Business Track). Ahora bien, lo sostenido por Fernández Virhuez resulta creíble y coherente pues se trata de un trabajador contratado por las dos personas mencionadas, pero que al ver que no le pagaron lo que solicitaba –y tras los continuos maltratos que, dice, recibía– procedió a denunciarlos y a decir la verdad a las autoridades acerca de los ilícitos que todos ellos cometían.
Esperemos que de parte de la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial se tomen todas las precauciones, y sobre todo que no se dejen sorprender por las maniobras provenientes de algunos sectores con poder que quieren intimidar o acallar no sólo a Fernández Virhuez sino que también lo harían con el sujeto recientemente capturado. Si queremos tener una sociedad libre de delincuentes, que se dedican al “chuponeo” por ejemplo, en el affaire de los “petroaudios” no se debería bajar la guardia pues el largo brazo de la ley debería alcanzar no sólo a los autores materiales sino también a los intelectuales. El objetivo es capturar a todos quienes contrataron –y pagaron– a terceros para espiar.
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