A PROPÓSITO DEL PROYECTO DE LEY DE RADIODIFUSIÓN ESTATAL
Por: Rosa Alfaro Comunicadora
Todos pertenecemos al Estado y lo sostenemos con nuestros impuestos. Tenemos derechos y obligaciones. Somos a la vez públicos de medios del Estado, que oímos y vemos en todo el país. Doble razón para recuperar nuestro deber de opinar sobre el anteproyecto de ley de radiodifusión estatal. No se trata solo de cumplir el mandato de Ley de Radio y Televisión 28278 (16/7/2004), que obliga a aprobar una ley específica para estos medios desde un proceso democrático, sino de hacerlo lo mejor posible, creando un gran foro que nos ayude a definir los medios públicos que el país necesita.
El anteproyecto existe y fue entregado el 25 de agosto pasado a la PCM. Fue producido por una comisión multifacética creada por el primer ministro anterior. Con años de retraso con respecto a la ley general base, inició su trabajo obteniendo al año cierto consenso en la mayoría de sus integrantes aunque con discrepancias importantes. El cambio surgido en la PCM retrasó su discusión pública y descentralizada. Debe darse pronto una polémica nacional al respecto, para que la propuesta pase al Congreso.
Debemos cuidar la calidad plural del debate, abriendo la participación de partidos políticos, congresistas, medios de comunicación, periodistas, académicos y especialmente ciudadanos, siempre en búsqueda de consensos. No debemos circunscribirnos a la propuesta legal, sino ayudar a gestar una cultura política democrática, en línea contraria a proyectos populistas que circulan por Latinoamérica, donde el caudillo es dueño de los medios públicos. El Estado es un sistema democrático de organización del poder, en el que todos estamos incluidos y son los gobiernos quienes dirigen y administran su funcionamiento en bien de la sociedad. En este caso se trata de abrir de manera descentralizada toda participación posible: talleres, debates mediáticos, columnas, noticias, encuestas. Debemos llevar la discusión a plazas y calles públicas con seguimiento mediático. Siempre destacando la pertenencia del ciudadano al Estado, motivando el diálogo con los gobiernos. No es fácil pero no imposible. Debemos apostar a que sea el tema prioritario de la agenda pública de estos meses.
El anteproyecto trae novedades positivas: se crea un sistema general de radiotelevisión pública, se da acceso a frecuencias a los medios locales y regionales en una perspectiva de autonomía descentralizadora, se valora la participación ciudadana mediante defensorías de oyentes y televidentes, entre otros avances.
Sin embargo, es una ley contradictoria, repetitiva, desordenada y mal redactada. En sus principios es democrática, pero en sus normas específicas sigue llamando al sistema IRTP, estando medios regionales y locales sin competencias específicas referidas a descentralización. Hay una excesiva intervención gubernamental, que quita poder al directorio, al punto de comprometer al presidente de la República en nombramientos. Hay instancias intermedias que burocratizan su ejercicio, como ese advenedizo comité de coordinación. Tampoco es posible que el presidente del directorio sea también director ejecutivo. La institucionalidad no subraya eficiencia y calidad comunicativa. Neutralidad y pluralidad deben generalizarse, no solo en elecciones. En el directorio no hay representantes de medios municipales y solo uno regional. Es extraño, también, que se otorgue tantos años para el defensor de las audiencias. La propuesta está lista para discutirse. No podemos fallar.
ACS CALANDRIA
Por: Rosa Alfaro Comunicadora
Todos pertenecemos al Estado y lo sostenemos con nuestros impuestos. Tenemos derechos y obligaciones. Somos a la vez públicos de medios del Estado, que oímos y vemos en todo el país. Doble razón para recuperar nuestro deber de opinar sobre el anteproyecto de ley de radiodifusión estatal. No se trata solo de cumplir el mandato de Ley de Radio y Televisión 28278 (16/7/2004), que obliga a aprobar una ley específica para estos medios desde un proceso democrático, sino de hacerlo lo mejor posible, creando un gran foro que nos ayude a definir los medios públicos que el país necesita.
El anteproyecto existe y fue entregado el 25 de agosto pasado a la PCM. Fue producido por una comisión multifacética creada por el primer ministro anterior. Con años de retraso con respecto a la ley general base, inició su trabajo obteniendo al año cierto consenso en la mayoría de sus integrantes aunque con discrepancias importantes. El cambio surgido en la PCM retrasó su discusión pública y descentralizada. Debe darse pronto una polémica nacional al respecto, para que la propuesta pase al Congreso.
Debemos cuidar la calidad plural del debate, abriendo la participación de partidos políticos, congresistas, medios de comunicación, periodistas, académicos y especialmente ciudadanos, siempre en búsqueda de consensos. No debemos circunscribirnos a la propuesta legal, sino ayudar a gestar una cultura política democrática, en línea contraria a proyectos populistas que circulan por Latinoamérica, donde el caudillo es dueño de los medios públicos. El Estado es un sistema democrático de organización del poder, en el que todos estamos incluidos y son los gobiernos quienes dirigen y administran su funcionamiento en bien de la sociedad. En este caso se trata de abrir de manera descentralizada toda participación posible: talleres, debates mediáticos, columnas, noticias, encuestas. Debemos llevar la discusión a plazas y calles públicas con seguimiento mediático. Siempre destacando la pertenencia del ciudadano al Estado, motivando el diálogo con los gobiernos. No es fácil pero no imposible. Debemos apostar a que sea el tema prioritario de la agenda pública de estos meses.
El anteproyecto trae novedades positivas: se crea un sistema general de radiotelevisión pública, se da acceso a frecuencias a los medios locales y regionales en una perspectiva de autonomía descentralizadora, se valora la participación ciudadana mediante defensorías de oyentes y televidentes, entre otros avances.
Sin embargo, es una ley contradictoria, repetitiva, desordenada y mal redactada. En sus principios es democrática, pero en sus normas específicas sigue llamando al sistema IRTP, estando medios regionales y locales sin competencias específicas referidas a descentralización. Hay una excesiva intervención gubernamental, que quita poder al directorio, al punto de comprometer al presidente de la República en nombramientos. Hay instancias intermedias que burocratizan su ejercicio, como ese advenedizo comité de coordinación. Tampoco es posible que el presidente del directorio sea también director ejecutivo. La institucionalidad no subraya eficiencia y calidad comunicativa. Neutralidad y pluralidad deben generalizarse, no solo en elecciones. En el directorio no hay representantes de medios municipales y solo uno regional. Es extraño, también, que se otorgue tantos años para el defensor de las audiencias. La propuesta está lista para discutirse. No podemos fallar.
ACS CALANDRIA
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