El reciente enfrentamiento entre vecinos de Magdalena y San Isidro ha puesto en evidencia una vez más un problema que no es exclusivo de esos distritos, y cuya solución sigue postergándose negligentemente. Solo en Lima los conflictos limítrofes confrontan a unas diez comunas, mientras que en el resto del país la situación es peor.
Hasta hace dos años, el 79,8% de los distritos y el 92% de las provincias de la República no estaban delimitados. Se sabe que se han logrado algunos avances para que las diferentes jurisdicciones lleguen a acuerdos (Surco-San Juan de Miraflores, Callao-Lima, entre otros); sin embargo, la informalidad se mantiene.
En principio, recién el 31 de diciembre del 2011 vence el plazo para sanear las circunscripciones territoriales, según lo acordó este Congreso en diciembre del 2006 cuando prorrogó los alcances de la Ley de Demarcación y Organización Territorial.
Por ello, si bien esa ley suspendió la creación de nuevos distritos y provincias, todo indica que —como en el caso de Magdalena y San Isidro— hay que acelerar el proceso para hallar una solución a estos conflictos. Convendría que la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros informe al país cuánto se ha avanzado en este terreno, para que la población esté informada, se eviten enfrentamientos futuros y amenazas a la estabilidad y el orden.
Además, tendría que darse a conocer qué autoridades o instituciones son responsables de que los límites sigan sin definirse. ¿Se trata de alcaldes distritales que no quieren sentarse a dialogar para llegar a acuerdos? ¿O tal vez estamos pagando los costos de la burocracia que posterga un referéndum u otras consultas necesarias en estos procesos? En el caso bajo comentario, no sabemos por qué la Municipalidad de Lima, a través de su Instituto Metropolitano, aún no presenta el proyecto correspondiente que solucione el conflicto limítrofe entre Magdalena y San Isidro.
Más allá de esto, no se puede perder de vista el fondo del asunto: el caos urbano reinante en la capital y en el país exige concertar una demarcación que parta de una zonificación más estable y menos cambiante, que dependa menos de cuánta renta ganará o perderá una municipalidad para fijar los límites distritales.
Es necesario avanzar hacia la reducción o fusión de los 42 distritos de Lima, en beneficio de una mejor administración de los recursos y servicios disponibles, desde el transporte, el ornato y la gestión ambiental, hasta el comercio y la expansión urbana.
El ciudadano tiene derecho a saber a qué circunscripción pertenece, sin perjuicios de ningún tipo. Se sabe de familias que siguen tributando en el distrito vecino, que no gozan de servicios básicos municipales y que han visto devaluada su propiedad.
Hasta hace dos años, el 79,8% de los distritos y el 92% de las provincias de la República no estaban delimitados. Se sabe que se han logrado algunos avances para que las diferentes jurisdicciones lleguen a acuerdos (Surco-San Juan de Miraflores, Callao-Lima, entre otros); sin embargo, la informalidad se mantiene.
En principio, recién el 31 de diciembre del 2011 vence el plazo para sanear las circunscripciones territoriales, según lo acordó este Congreso en diciembre del 2006 cuando prorrogó los alcances de la Ley de Demarcación y Organización Territorial.
Por ello, si bien esa ley suspendió la creación de nuevos distritos y provincias, todo indica que —como en el caso de Magdalena y San Isidro— hay que acelerar el proceso para hallar una solución a estos conflictos. Convendría que la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros informe al país cuánto se ha avanzado en este terreno, para que la población esté informada, se eviten enfrentamientos futuros y amenazas a la estabilidad y el orden.
Además, tendría que darse a conocer qué autoridades o instituciones son responsables de que los límites sigan sin definirse. ¿Se trata de alcaldes distritales que no quieren sentarse a dialogar para llegar a acuerdos? ¿O tal vez estamos pagando los costos de la burocracia que posterga un referéndum u otras consultas necesarias en estos procesos? En el caso bajo comentario, no sabemos por qué la Municipalidad de Lima, a través de su Instituto Metropolitano, aún no presenta el proyecto correspondiente que solucione el conflicto limítrofe entre Magdalena y San Isidro.
Más allá de esto, no se puede perder de vista el fondo del asunto: el caos urbano reinante en la capital y en el país exige concertar una demarcación que parta de una zonificación más estable y menos cambiante, que dependa menos de cuánta renta ganará o perderá una municipalidad para fijar los límites distritales.
Es necesario avanzar hacia la reducción o fusión de los 42 distritos de Lima, en beneficio de una mejor administración de los recursos y servicios disponibles, desde el transporte, el ornato y la gestión ambiental, hasta el comercio y la expansión urbana.
El ciudadano tiene derecho a saber a qué circunscripción pertenece, sin perjuicios de ningún tipo. Se sabe de familias que siguen tributando en el distrito vecino, que no gozan de servicios básicos municipales y que han visto devaluada su propiedad.
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