10.3.09

CPU’s y “petroaudios”

Pasan los meses y el affaire del “chuponeo”, de “chuponeados “ y “chuponeadores” avanza a paso de tortuga. Ahora su discurrir en manos del Poder Judicial (PJ) genera preocupación y sospecha, especialmente acerca de la posible impunidad que puede generarse a favor de los peces gordos que estarían involucrados, es decir de aquellos que financiaron el ilícito espionaje telefónico y la inconstitucional violación del derecho que tienen todas las personas a la intimidad de sus comunicaciones.

La suspicacia en la inoperancia de la judicatura se asienta sobre bases objetivas. ¿Cómo no dudar de la inmediatez y de la imparcialidad judicial, que son principios fundamentales de la recta administración de justicia, si es que a diario son ignorados por algunos secretarios de juzgados o por magistrados cuando, por ejemplo, un alcalde de Pucallpa, procesado penalmente por vínculos con el narcotráfico, pasó dos meses en una clínica privada en lugar de estar recluido en el penal Castro Castro? ¿Cómo no sospechar de injerencias mediáticas –y extrañas– en un caso como el de los “petroaudios”, cuando vemos que hay peligrosos inculpados que salen de las cárceles, gracias a pésimas decisiones judiciales, para cumplir alegremente mandatos de comparecencia o arresto domiciliario?

De modo que hay razones suficientes para exigir a los órganos jurisdiccionales la mayor transparencia y eficiencia en el proceso penal abierto contra los “chuponeadores”, aunque también falta esclarecer debidamente los hechos que involucrarían a los autores del financiamiento del “chuponeo”. No por gusto el propio presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha demandado públicamente al Poder Judicial que abra de una vez los discos duros de varias computadoras pertenecientes a personas comprometidas con la ilegal interceptación telefónica. Entre ellas están los CPU’s del principal implicado Elías Ponce Feijoo, (a) “Chito”. En un caso tan gordo evidentemente no están ausentes las interferencias de determinados grupos económicos o de mafias del espionaje telefónico que incluso contrataron estrechamente con algunos grandes estudios jurídicos.

Este interés malsano por entrampar las investigaciones y los mecanismos judiciales, ante el reto de identificar a todos los integrantes de la red delictiva de los chuponeadores, incluyendo a los autores intelectuales, se viene exteriorizando inclusive en algún programa periodístico televisivo, desde donde –lejos de comprender, por quien conduce ese espacio, que carece de autoridad moral para hablar de los “petroaudios”– se insiste en querer vincular, directa o disimuladamente, a una Institución como la Marina de Guerra del Perú o al primer vicepresidente de la República con el capitán de navío (r) Ponce Feijoo, principal involucrado en el espionaje telefónico, al machacar mediáticamente una amistad existente entre ellos como si eso fuera sinónimo de complicidad o coautoría. Pero cabe advertir que, por encima de ese poder proveniente de un sector aislado de la prensa sobre la jueza del caso, podría haber otro tipo de influencias, como la económica o la de bufetes de abogados, con el fin de proteger a determinados personajes aún no procesados.

EXPRESO

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