No hay forma de que un país se desarrolle si es que no está integrado a través de carreteras y caminos adecuados. No es sorpresa, por tanto, que todos los gobiernos, sin excepción, traten de mostrar la inversión en obra pública como el gran logro de su gestión. Pero, esta semana, la desgracia ocurrida en el poblado minero de Winchumayo nos ha constatado la cruda realidad del fracaso estatal en esa labor, ya que se sigue manteniendo totalmente aislado a un segmento importante de nuestra población.
En el caso de Winchumayo ha sido dramático ver cómo durante dos días todo el país estaba al tanto de la tragedia ocurrida y, sin embargo, no se podía auxiliar a los afectados ya que el mal tiempo no permitía el uso de helicópteros y la única otra manera de llegar a ellos era caminando por más de un día. Uno se pregunta cómo puede haber una mina, por más informal que sea, en esa situación. ¿Qué hacen con la producción? Bueno, la sacan a lomo de mula, tal cual lo hacían en la época del virreinato; en asentamientos como Winchumayo, poco ha cambiado en los últimos 400 años.
Este gobierno, desde que entró, manifestó su intención de cerrar la brecha en infraestructura generada por falta de inversión. Sin embargo, estando a más de la mitad de su mandato, la verdad es que, si no aprieta el acelerador, va a dejar al país con una brecha mayor de la que heredó.
Todas las buenas intenciones que demostró hasta ahora se estrellan, ya sea contra una incapacidad burocrática para dejar actuar o contra la mala intención que nace del interés creado. Iniciativas positivas que podrían tener gran impacto en la mejora de la calidad de vida de la población, como las asociaciones público privadas y el pago de impuestos en inversión, están paralizadas por trabas innecesarias. Vamos a ver si finalmente el ministro Carranza logra destrabar en estos temas el nudo gordiano de la regulación que los está asfixiando.
Por otro lado, cuando el Gobierno finalmente hace algo entregando una concesión o decidiendo en una licitación, el perdedor o el perjudicado siempre encontrará funcionarios, congresistas o medios dispuestos a colaborar en el bloqueo de la inversión. Lo importante para ellos no es la obra en sí sino quién se encarga de su ejecución. Al final, los limeños podrán seguir bañándose en excremento por algunos años más y los cusqueños leyendo en la oscuridad. Lo que realmente cuenta para algunos es que el contrato no se lo lleve alguien más.
Si queremos que algún día poblados como Winchumayo no sigan aislados, tenemos que multiplicar lo que actualmente se está destinando a inversión. Para lograrlo, es fundamental que el Gobierno actúe con transparencia, eficiencia y convicción.
En el caso de Winchumayo ha sido dramático ver cómo durante dos días todo el país estaba al tanto de la tragedia ocurrida y, sin embargo, no se podía auxiliar a los afectados ya que el mal tiempo no permitía el uso de helicópteros y la única otra manera de llegar a ellos era caminando por más de un día. Uno se pregunta cómo puede haber una mina, por más informal que sea, en esa situación. ¿Qué hacen con la producción? Bueno, la sacan a lomo de mula, tal cual lo hacían en la época del virreinato; en asentamientos como Winchumayo, poco ha cambiado en los últimos 400 años.
Este gobierno, desde que entró, manifestó su intención de cerrar la brecha en infraestructura generada por falta de inversión. Sin embargo, estando a más de la mitad de su mandato, la verdad es que, si no aprieta el acelerador, va a dejar al país con una brecha mayor de la que heredó.
Todas las buenas intenciones que demostró hasta ahora se estrellan, ya sea contra una incapacidad burocrática para dejar actuar o contra la mala intención que nace del interés creado. Iniciativas positivas que podrían tener gran impacto en la mejora de la calidad de vida de la población, como las asociaciones público privadas y el pago de impuestos en inversión, están paralizadas por trabas innecesarias. Vamos a ver si finalmente el ministro Carranza logra destrabar en estos temas el nudo gordiano de la regulación que los está asfixiando.
Por otro lado, cuando el Gobierno finalmente hace algo entregando una concesión o decidiendo en una licitación, el perdedor o el perjudicado siempre encontrará funcionarios, congresistas o medios dispuestos a colaborar en el bloqueo de la inversión. Lo importante para ellos no es la obra en sí sino quién se encarga de su ejecución. Al final, los limeños podrán seguir bañándose en excremento por algunos años más y los cusqueños leyendo en la oscuridad. Lo que realmente cuenta para algunos es que el contrato no se lo lleve alguien más.
Si queremos que algún día poblados como Winchumayo no sigan aislados, tenemos que multiplicar lo que actualmente se está destinando a inversión. Para lograrlo, es fundamental que el Gobierno actúe con transparencia, eficiencia y convicción.
peru21
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