La semana pasada una camioneta rural que transportaba niñas al colegio se incendió, poniendo en evidencia que, como el resto del transporte urbano de Lima, la movilidad escolar está en crisis. Las autoridades municipales no quieren —o no pueden— poner orden a la informalidad, mientras la Policía de Tránsito se conforma con imponer papeles educativas a los malos transportistas.
Esto no puede continuar. Es realmente escandaloso que, como informó nuestro Diario, el 87% esté en manos de vehículos piratas, es decir sin registrarse. Asimismo, nadie sabe si los choferes cuentan con brevetes y otras acreditaciones en regla. Qué decir de las condiciones técnicas de los vehículos que conducen, los cuales, en principio, carecen de SOAT escolar y de cinturones de seguridad, pese a que transportan a niños cuya seguridad no está garantizada en caso de producirse un accidente.
Otro factor es la negligencia e irresponsabilidad casi delictiva de los conductores que circulan a alta velocidad y llevan en sus unidades a más estudiantes de los que pueden trasladar, para lo cual —en el mejor de los casos— improvisan asientos plegables.
A estas alturas no debería sorprendernos que las municipalidades no hayan hecho nada por controlar estas faltas al reglamento de tránsito, que pueden convertirse en delitos. Sin embargo, la habitual indiferencia que muestran hacia el transporte público de pasajeros en general no pueden trasladarla a la movilidad escolar, pues en ella cualquier transgresión puede ser fatal.
Como ha informado la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Lima cuenta con apenas 160 inspectores de tránsito para fiscalizar a más de 30 mil unidades de transporte público, lo cual es inconcebible. Peor aun es que, además de no supervisar, tampoco se sancione. Por eso, frente a tanta inoperancia, hay que endurecer las normas vigentes y castigar estos abusos al amparo ya no del Reglamento Nacional de Transporte sino incluso al amparo del Código Penal.
Los colegios y los padres de familia no deben aceptar las condiciones abusivas de las movilidades escolares ni confiarles la seguridad de sus hijos. Más bien deben denunciarlas a la policía. Optar por la informalidad puede significar un ahorro en la economía familiar —los piratas suelen cobrar tarifas más bajas—, pero casi siempre lo barato sale caro.
En cuanto al Concejo Provincial de Lima, no puede seguir negándose a las recomendaciones de la defensoría, que el año pasado le sugirió suscribir convenios con otras comunas para asumir las tareas de control y aumentar el número de inspectores. Comprometer a la PNP en esta tarea resulta ineludible ahora que las mujeres policías han asumido el control del tránsito. En el caso de la movilidad escolar, recordemos que en el 2007 se multó por infracciones de tránsito a 147 vehículos.
Lo cierto es que imponer papeletas educativas, como medida disuasiva, resulta simplemente insuficiente, un eufemismo para no sancionar a quienes de manera descarada desconocen, consecutiva y permanentemente las normas de tránsito.
La sanción efectiva debería alcanzar a los transportistas que se niegan a recoger a los escolares cada vez que pueden.
La libertad de empresa no solo es sinónimo de responsabilidad social sino de respeto a la vida, más aun tratándose de niños. La mano blanda no aplica en el caso de estos infractores, cuando vemos a transportistas que se burlan de la autoridad, a pesar de que esta les condona las multas o flexibiliza medidas fundamentales, como la obligatoria revisión técnica.
Esto no puede continuar. Es realmente escandaloso que, como informó nuestro Diario, el 87% esté en manos de vehículos piratas, es decir sin registrarse. Asimismo, nadie sabe si los choferes cuentan con brevetes y otras acreditaciones en regla. Qué decir de las condiciones técnicas de los vehículos que conducen, los cuales, en principio, carecen de SOAT escolar y de cinturones de seguridad, pese a que transportan a niños cuya seguridad no está garantizada en caso de producirse un accidente.
Otro factor es la negligencia e irresponsabilidad casi delictiva de los conductores que circulan a alta velocidad y llevan en sus unidades a más estudiantes de los que pueden trasladar, para lo cual —en el mejor de los casos— improvisan asientos plegables.
A estas alturas no debería sorprendernos que las municipalidades no hayan hecho nada por controlar estas faltas al reglamento de tránsito, que pueden convertirse en delitos. Sin embargo, la habitual indiferencia que muestran hacia el transporte público de pasajeros en general no pueden trasladarla a la movilidad escolar, pues en ella cualquier transgresión puede ser fatal.
Como ha informado la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Lima cuenta con apenas 160 inspectores de tránsito para fiscalizar a más de 30 mil unidades de transporte público, lo cual es inconcebible. Peor aun es que, además de no supervisar, tampoco se sancione. Por eso, frente a tanta inoperancia, hay que endurecer las normas vigentes y castigar estos abusos al amparo ya no del Reglamento Nacional de Transporte sino incluso al amparo del Código Penal.
Los colegios y los padres de familia no deben aceptar las condiciones abusivas de las movilidades escolares ni confiarles la seguridad de sus hijos. Más bien deben denunciarlas a la policía. Optar por la informalidad puede significar un ahorro en la economía familiar —los piratas suelen cobrar tarifas más bajas—, pero casi siempre lo barato sale caro.
En cuanto al Concejo Provincial de Lima, no puede seguir negándose a las recomendaciones de la defensoría, que el año pasado le sugirió suscribir convenios con otras comunas para asumir las tareas de control y aumentar el número de inspectores. Comprometer a la PNP en esta tarea resulta ineludible ahora que las mujeres policías han asumido el control del tránsito. En el caso de la movilidad escolar, recordemos que en el 2007 se multó por infracciones de tránsito a 147 vehículos.
Lo cierto es que imponer papeletas educativas, como medida disuasiva, resulta simplemente insuficiente, un eufemismo para no sancionar a quienes de manera descarada desconocen, consecutiva y permanentemente las normas de tránsito.
La sanción efectiva debería alcanzar a los transportistas que se niegan a recoger a los escolares cada vez que pueden.
La libertad de empresa no solo es sinónimo de responsabilidad social sino de respeto a la vida, más aun tratándose de niños. La mano blanda no aplica en el caso de estos infractores, cuando vemos a transportistas que se burlan de la autoridad, a pesar de que esta les condona las multas o flexibiliza medidas fundamentales, como la obligatoria revisión técnica.
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