NUESTRAS FF.AA. Y LA PNP TIENEN DERECHOS HUMANOS
Por: Héctor López Historiador
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) ha emitido el Comunicado Oficial N° 0001- 2009, en el que denuncia la estrategia legal del narcoterrorismo y sus acólitos que, constantemente, acusan ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y organismos internacionales supuestas, absurdas y mendaces violaciones a los derechos humanos que habrían cometido los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que combaten a los mencionados delincuentes en las zonas del VRAE y del Huallaga.
Esta actitud tiene antigua data. Desde 1980, cuando se inicia la lucha contra Sendero Luminoso y, luego, contra el MRTA, miembros de la Cámara de Diputados y del Senado y, obviamente algunas ONG, iniciaron un clamor de plañideras contra las fuerzas del orden que tenían que luchar contra elementos que no contaban con ninguna prenda identificatoria y que, además, antes de sus ataques a las comisarías u otras dependencias estatales de zonas apartadas de Ayacucho, Apurímac o Huancavelica, reclutaban, con el uso del temor y la violencia, a hombres, mujeres y niños de algún poblado vecino para ponerlos cobardemente en la primera línea de fuego, sin que se pudiera distinguir quiénes eran los terroristas. Cuando eran rechazados, se llevaban a sus muertos y heridos dejando abandonados los cuerpos de las personas que habían utilizado sin el menor escrúpulo, para luego denunciar la “masacre” de campesinos inocentes, que ciertamente lo eran, y que los terroristas habían expuesto al peligro por orden de sus jefes.
Entonces y ahora, este tipo de situaciones crea incertidumbre, malestar y hasta temor en el personal militar y policial, que justificadamente no desea pasar por el martirio de juicios interminables y costosos, que pueden truncar su carrera profesional y causarles graves daños psicológicos a ellos y a sus familiares. En los últimos años hemos sido testigos de auténticos dramas en que personal militar inocente de los cargos que se les imputaba vivieron en constante zozobra.
Con el dinero del narcotráfico y el interés pecuniario de ciertas ONG, se ha desatado una avalancha de calumniosas denuncias que, como bien señala el comunicado del CCFFAA, pueden perjudicar la labor encomendada por el Gobierno en el VRAE y el Huallaga, “que es la de pacificar y apoyar el desarrollo de la mencionada región”. Esta labor es peligrosísima y, desgraciadamente, ha dejado ya varias bajas. Precisamente, el 27 de febrero último, un helicóptero MI-17 que descendía en Vizcatán fue atacado con armas de largo alcance y resultaron heridos el piloto y un mecánico. La agresión fue repelida, pero debemos pensar que esas misiones tienen que repetirse constantemente. El sábado último cayó en combate un gallardo infante de marina. Me inclino reverente ante sus restos.
Basta ya de continuar con la monserga de sociedad civil y sociedad castrense. Esto es una falacia. Todos somos peruanos y debemos identificarnos plenamente con nuestros compatriotas que tienen el honor de vestir un uniforme de las Fuerzas Armadas o la PNP. Defendamos sus derechos humanos, vigorosamente, sin temor. Démosle apoyo total en su misión que beneficiará a nuestra patria, a nuestros hijos, a costa de su sacrificio.
No permitamos que manos mercenarias que reciben dólares o euros por su abyecto oficio se atrevan a señalar como violadores de derechos humanos a quienes en el cumplimiento del deber arriesgan generosamente sus vidas.
Por: Héctor López Historiador
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) ha emitido el Comunicado Oficial N° 0001- 2009, en el que denuncia la estrategia legal del narcoterrorismo y sus acólitos que, constantemente, acusan ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y organismos internacionales supuestas, absurdas y mendaces violaciones a los derechos humanos que habrían cometido los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que combaten a los mencionados delincuentes en las zonas del VRAE y del Huallaga.
Esta actitud tiene antigua data. Desde 1980, cuando se inicia la lucha contra Sendero Luminoso y, luego, contra el MRTA, miembros de la Cámara de Diputados y del Senado y, obviamente algunas ONG, iniciaron un clamor de plañideras contra las fuerzas del orden que tenían que luchar contra elementos que no contaban con ninguna prenda identificatoria y que, además, antes de sus ataques a las comisarías u otras dependencias estatales de zonas apartadas de Ayacucho, Apurímac o Huancavelica, reclutaban, con el uso del temor y la violencia, a hombres, mujeres y niños de algún poblado vecino para ponerlos cobardemente en la primera línea de fuego, sin que se pudiera distinguir quiénes eran los terroristas. Cuando eran rechazados, se llevaban a sus muertos y heridos dejando abandonados los cuerpos de las personas que habían utilizado sin el menor escrúpulo, para luego denunciar la “masacre” de campesinos inocentes, que ciertamente lo eran, y que los terroristas habían expuesto al peligro por orden de sus jefes.
Entonces y ahora, este tipo de situaciones crea incertidumbre, malestar y hasta temor en el personal militar y policial, que justificadamente no desea pasar por el martirio de juicios interminables y costosos, que pueden truncar su carrera profesional y causarles graves daños psicológicos a ellos y a sus familiares. En los últimos años hemos sido testigos de auténticos dramas en que personal militar inocente de los cargos que se les imputaba vivieron en constante zozobra.
Con el dinero del narcotráfico y el interés pecuniario de ciertas ONG, se ha desatado una avalancha de calumniosas denuncias que, como bien señala el comunicado del CCFFAA, pueden perjudicar la labor encomendada por el Gobierno en el VRAE y el Huallaga, “que es la de pacificar y apoyar el desarrollo de la mencionada región”. Esta labor es peligrosísima y, desgraciadamente, ha dejado ya varias bajas. Precisamente, el 27 de febrero último, un helicóptero MI-17 que descendía en Vizcatán fue atacado con armas de largo alcance y resultaron heridos el piloto y un mecánico. La agresión fue repelida, pero debemos pensar que esas misiones tienen que repetirse constantemente. El sábado último cayó en combate un gallardo infante de marina. Me inclino reverente ante sus restos.
Basta ya de continuar con la monserga de sociedad civil y sociedad castrense. Esto es una falacia. Todos somos peruanos y debemos identificarnos plenamente con nuestros compatriotas que tienen el honor de vestir un uniforme de las Fuerzas Armadas o la PNP. Defendamos sus derechos humanos, vigorosamente, sin temor. Démosle apoyo total en su misión que beneficiará a nuestra patria, a nuestros hijos, a costa de su sacrificio.
No permitamos que manos mercenarias que reciben dólares o euros por su abyecto oficio se atrevan a señalar como violadores de derechos humanos a quienes en el cumplimiento del deber arriesgan generosamente sus vidas.
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