Nunca como hasta hoy la crisis que afrontan los penales en el país ha mostrado un perfil tan corrupto, vergonzoso e inhumano. Las denuncias reveladas en la última semana —sobre las fugas confirmadas de por lo menos tres narcotraficantes y un procesado por robo agravado y las violaciones a cinco reclusas en el Cusco— no solo exigen una reorganización administrativa del sistema, sino una reforma radical que termine con la ley de la selva que impera en las cárceles de Lima y del país.
El Ministerio de Justicia no puede minimizar lo sucedido ni pretender que un cambio en la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) será suficiente para resolver un problema desbordado que el Estado es incapaz de enfrentar.
Basta revisar la lista de escándalos —ocho incidentes— producidos en los últimos dos años para verificar la inoperancia del sector Justicia que, además, debería estar preocupado por la ola de excarcelaciones realizadas entre enero y diciembre del 2008. Las cifras las dio a conocer el director general de la PNP, Mauro Remicio, y revelan que el año pasado salieron en libertad más de dos mil personas acusadas de tráfico ilícito de drogas.
Las cárceles no deben ser escuelas del crimen ni coladeras de delincuentes que planifican desde la prisión asesinatos selectivos a manos de sicarios, secuestros al paso, robos y seguimientos, agudizando la inseguridad ciudadana.
La ministra Rosario Fernández tiene que comprometerse e instituir un plan de reforma, con plazos y cronogramas invariables. En principio, tendrá que rendir cuentas sobre el avance de las medidas que su despacho aplicará, como los anunciados convenios con el Poder Judicial para supervisar con mayor rigor los pedidos de excarcelación y el llamado proceso de deshacinamiento de las cárceles.
¿Pero qué pasó con el proyecto que desde el 2005 estudió la concesión de algunos penales para tercerizar su administración, como sucede en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Inglaterra, entre otros países? ¿Cuán efectivo y eficiente será el sistema penitenciario con las cárceles que se remodelarán y construirán este año? ¿No será mejor además que la administración de justicia contribuya a reducir el número de inculpados (aproximadamente el 80% de la población penal) que, a veces por años, siguen esperando por un juicio que no llega? Lurigancho tiene capacidad para 1.200 personas pero alberga a más de 9 mil. Pero también son muchas y dolorosas las historias de injusticias consumadas, así como de delincuentes que echan mano del exceso de carcelería para volver a calles libres de polvo y paja.
Sin duda no necesitamos más diagnósticos, pero tampoco medidas cortoplacistas, como el reciente anuncio del INPE de aislar al personal de vigilancia de Quencoro para que no tenga trato con las reclusas.
El Ministerio de Justicia no debe esperar que se produzca otra fuga o incidente bochornoso. Tiene que evitarlos mediante una estrategia clara y bien definida. Un país que aspira a convertirse en una opción importante para la inversión no puede tener un sistema penitenciario como el actual, convertido hoy en una amenaza a la seguridad ciudadana.
El Ministerio de Justicia no puede minimizar lo sucedido ni pretender que un cambio en la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) será suficiente para resolver un problema desbordado que el Estado es incapaz de enfrentar.
Basta revisar la lista de escándalos —ocho incidentes— producidos en los últimos dos años para verificar la inoperancia del sector Justicia que, además, debería estar preocupado por la ola de excarcelaciones realizadas entre enero y diciembre del 2008. Las cifras las dio a conocer el director general de la PNP, Mauro Remicio, y revelan que el año pasado salieron en libertad más de dos mil personas acusadas de tráfico ilícito de drogas.
Las cárceles no deben ser escuelas del crimen ni coladeras de delincuentes que planifican desde la prisión asesinatos selectivos a manos de sicarios, secuestros al paso, robos y seguimientos, agudizando la inseguridad ciudadana.
La ministra Rosario Fernández tiene que comprometerse e instituir un plan de reforma, con plazos y cronogramas invariables. En principio, tendrá que rendir cuentas sobre el avance de las medidas que su despacho aplicará, como los anunciados convenios con el Poder Judicial para supervisar con mayor rigor los pedidos de excarcelación y el llamado proceso de deshacinamiento de las cárceles.
¿Pero qué pasó con el proyecto que desde el 2005 estudió la concesión de algunos penales para tercerizar su administración, como sucede en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Inglaterra, entre otros países? ¿Cuán efectivo y eficiente será el sistema penitenciario con las cárceles que se remodelarán y construirán este año? ¿No será mejor además que la administración de justicia contribuya a reducir el número de inculpados (aproximadamente el 80% de la población penal) que, a veces por años, siguen esperando por un juicio que no llega? Lurigancho tiene capacidad para 1.200 personas pero alberga a más de 9 mil. Pero también son muchas y dolorosas las historias de injusticias consumadas, así como de delincuentes que echan mano del exceso de carcelería para volver a calles libres de polvo y paja.
Sin duda no necesitamos más diagnósticos, pero tampoco medidas cortoplacistas, como el reciente anuncio del INPE de aislar al personal de vigilancia de Quencoro para que no tenga trato con las reclusas.
El Ministerio de Justicia no debe esperar que se produzca otra fuga o incidente bochornoso. Tiene que evitarlos mediante una estrategia clara y bien definida. Un país que aspira a convertirse en una opción importante para la inversión no puede tener un sistema penitenciario como el actual, convertido hoy en una amenaza a la seguridad ciudadana.
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