El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, ha puesto en debate la continuidad del Tribunal Constitucional (TC). Plantea para ello un debate nacional que evalúe su disolución y transferencia de competencias a una Sala Especial Constitucional de la Corte Suprema de la República.
Los argumentos son, básicamente, dos: el TC debería estar dentro del ámbito del Poder Judicial, conforme a nuestra tradición jurídica; y el país no debe estar sometido a fisuras legales ni constitucionales, producto de ciertos fallos contradictorios que viene generando el referido Tribunal. En suma, la administración de justicia debe estar exclusivamente en manos del Poder Judicial.
Sobre la necesidad del TC y su importancia para el estado de derecho ya ha habido un debate a propósito de su inclusión en nuestra Carta Magna. Su principal patrocinador es el congresista Javier Valle Riestra, quien sostiene que los tribunales constitucionales hacen una interpretación distinta a la judicial; una que moderniza y enriquece sustantivamente los fallos y que puede corregir el “criterio burocrático” de la justicia.
En relación con la coyuntura, entre quienes precisan que el TC es un contrasentido –pues ha nacido precisamente para controlar la Carta Fundamental– está la opinión del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien señala que los miembros del TC deberían tener criterio suficiente para establecer sus propios límites, por lo que considera que el debate propuesto necesita conciliarse en función a la estabilidad y a la seguridad jurídica, más aún si tenemos a la vista los procesos electorales regionales y generales.
El debate y la confrontación de ideas son sostén de toda democracia. Y las oportunidades y coyunturas en ese sentido se deben aprovechar bajo el común denominador del consenso. Por ello consideramos que, al margen de las opiniones a favor o en contra de la propuesta de Javier Villa Stein, lo importante es que el debate congregue y no disgregue; que una y no desuna; y que tampoco ofrezca al antisistema –agazapado tras las protestas y los gremios ultra– una ocasión más para obtener ganancias a río revuelto. Un debate bajo la premisa de evaluar la desaparición del TC merece ser atendido.
En este contexto, para salvar la preocupación del presidente de la Corte Suprema lo aconsejable y práctico parece ser la promoción de propuestas coherentes; es decir impulsar una polémica dirigida a enriquecer el resguardo de la Constitución, pero bajo el estricto criterio que ésta no sea interpretada siguiendo dictados políticos –recordemos que los tribunos son elegidos hoy precisamente dentro de ese concepto por el Poder Legislativo– sino tan sólo aplicando el espíritu legal que sólo ofrece la Judicatura. Las cartas están sobre la mesa.
EXPRESO
Los argumentos son, básicamente, dos: el TC debería estar dentro del ámbito del Poder Judicial, conforme a nuestra tradición jurídica; y el país no debe estar sometido a fisuras legales ni constitucionales, producto de ciertos fallos contradictorios que viene generando el referido Tribunal. En suma, la administración de justicia debe estar exclusivamente en manos del Poder Judicial.
Sobre la necesidad del TC y su importancia para el estado de derecho ya ha habido un debate a propósito de su inclusión en nuestra Carta Magna. Su principal patrocinador es el congresista Javier Valle Riestra, quien sostiene que los tribunales constitucionales hacen una interpretación distinta a la judicial; una que moderniza y enriquece sustantivamente los fallos y que puede corregir el “criterio burocrático” de la justicia.
En relación con la coyuntura, entre quienes precisan que el TC es un contrasentido –pues ha nacido precisamente para controlar la Carta Fundamental– está la opinión del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien señala que los miembros del TC deberían tener criterio suficiente para establecer sus propios límites, por lo que considera que el debate propuesto necesita conciliarse en función a la estabilidad y a la seguridad jurídica, más aún si tenemos a la vista los procesos electorales regionales y generales.
El debate y la confrontación de ideas son sostén de toda democracia. Y las oportunidades y coyunturas en ese sentido se deben aprovechar bajo el común denominador del consenso. Por ello consideramos que, al margen de las opiniones a favor o en contra de la propuesta de Javier Villa Stein, lo importante es que el debate congregue y no disgregue; que una y no desuna; y que tampoco ofrezca al antisistema –agazapado tras las protestas y los gremios ultra– una ocasión más para obtener ganancias a río revuelto. Un debate bajo la premisa de evaluar la desaparición del TC merece ser atendido.
En este contexto, para salvar la preocupación del presidente de la Corte Suprema lo aconsejable y práctico parece ser la promoción de propuestas coherentes; es decir impulsar una polémica dirigida a enriquecer el resguardo de la Constitución, pero bajo el estricto criterio que ésta no sea interpretada siguiendo dictados políticos –recordemos que los tribunos son elegidos hoy precisamente dentro de ese concepto por el Poder Legislativo– sino tan sólo aplicando el espíritu legal que sólo ofrece la Judicatura. Las cartas están sobre la mesa.
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